Un informe elaborado el 3 de diciembre por el fiscalizador del Troje II muestra que desde el 1 de diciembre pidió al consorcio que administra la escombrera que dejara de colocar residuos en el cubeto sur de ese sitio.

Dos días más tarde, mientras se festejaban las vísperas de los 483 años de fundación española de la ciudad, una pared de ese espacio cedió y taponó 1,5 kilómetros del canal de conducción del sistema de agua Pita-Puengasí.

Como producto del deslave, unos 600.000 habitantes de Quito no contaron con el servicio durante dos días.

No obstante, esos no fueron los únicos llamados de atención que recibió el consorcio El Troje-Oyacoto, que inició sus operaciones en marzo pasado.  

Santiago Andrade, gerente de la empresa municipal de gestión de residuos sólidos, relató el jueves que la firma ya había sido notificada por malas prácticas en tres ocasiones entre mayo y octubre.

Andrade rindió anteayer un informe sobre los hechos que generaron el corte de agua ante el Concejo Metropolitano.

El funcionario responsabilizó al consorcio, recordó que las actividades en la escombrera están suspendidas y que se han realizado tareas de remediación.

Su intervención, sin embargo, no satisfizo a todos los concejales y se pidió la destitución del servidor. No obstante, la propuesta no obtuvo los votos suficientes.

Lo que sí se aprobó fue la conformación de una comisión especial que fiscalizará el incidente en la escombrera y sus antecedentes.

La entidad quedó conformada por los ediles Susana Castañeda, Luis Reina, Pedro Freire, Eddy Sánchez y Daniela Chacón.

Asimismo se estableció que la Alcaldía contrate una auditoría externa especializada para que se establezcan responsabilidades. También se ratificó la suspensión de operaciones en El Troje hasta que se cuente con las garantías suficientes.

Además, se demandó la remediación inmediata de los pasivos causados por el deslave, no solo en la escombrera, sino en toda el área afectada, incluyendo las quebradas taponadas. (I)