Los niveles de inseguridad muestran una tendencia a la baja en los últimos años en Quito, de acuerdo con estadísticas oficiales (ver gráfico). Así, por ejemplo, el número de homicidios descendió un 15% entre 2012 y 2013. Del mismo modo, las denuncias por robo a personas decrecieron 22% en el mismo período; los robos a domicilio fueron un 33% menos durante los 2 últimos años y los actos delictivos contra locales comerciales se redujeron 23% los pasados 24 meses.

La secretaria metropolitana de Seguridad y Gobernabilidad, Lourdes Rodríguez, atribuye estos resultados, por un lado, al manejo integral de la seguridad emprendido por la actual administración municipal; y, por otra parte, al trabajo realizado por el Gobierno Nacional en temas tales como equipamiento policial y dotación de infraestructura para el trabajo de la Función Judicial.

Según la funcionaria, la evaluación realizada al inicio de la actual Alcaldía determinó algunos problemas. Uno de ellos era la descoordinación existente entre la Policía, Municipio y ciudadanía para enfrentar la inseguridad. Esto a pesar de que desde años atrás, el gobierno local cooperaba en aspectos como construcción de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y dotación de vehículos; al tiempo que se organizaban brigadas barriales que se reunían en locales de la Policía y realizaban patrullajes, sin profundizar en el papel de la organización ciudadana ante el tema.

Otra cosa detectada habría sido la débil estructura al interior del Cabildo. Así, existía una Dirección de Seguridad, dentro de la que operaba un pequeño grupo de personas que se ocupaba de riesgos; mientras el Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) actuaba, casi por su cuenta, recolectando estadísticas.

Por ello, la primera y principal tarea emprendida fue el establecimiento de un sistema de organización y coordinación, que involucra a instancias como Municipio, Policía, bomberos, Cruz Roja, además de entidades como Ministerio del Interior, Fiscalía y Consejo de la Judicatura.

Este esquema se refleja en la existencia de órganos como el Consejo Metropolitano de Seguridad; las mesas de seguridad, en las que están organizaciones que han hecho hasta sugerencias incluidas en el futuro Código Integral Penal (COIP); consejos zonales (presididos por cada uno de los 8 administradores zonales) y comités ciudadanos de seguridad, de los cuales existen ya más de 2.000 en todo el Distrito. Esta última instancia evalúa el trabajo de las instituciones estatales, determina problemas de inseguridad y elabora planes específicos para cada sector en coordinación con la Policía. Además, se creó una Agenda de Seguridad Ciudadana, en la que se definieron objetivos comunes.

El Cabildo ha trabajado también en la reducción de la inseguridad mediante la identificación de áreas de riesgo delictivo por su abandono y su conversión en parques y plazas con buen equipamiento, iluminación, con presencia de policías metropolitanos y nacionales.

Otro aspecto ha sido el control de los focos de inseguridad como discotecas, bares, casas de citas, etc., ubicados en zonas no autorizadas y sin permisos. En este aspecto se ha hecho énfasis en el control del consumo de alcohol en los espacios públicos.

Así mismo, se ha trabajado en el establecimiento de instancias judiciales cada vez más cerca de la ciudadanía, con el fin de que sus miembros confíen más y denuncien los actos reñidos con la ley.

De acuerdo con Rodríguez, estas acciones municipales se respaldan en un presupuesto de seguridad que bordea los 40 millones de dólares anuales.

LA CIUDADANÍA FORMA PARTE DEL TRABAJO

Para contrarrestar los problemas de inseguridad, el Cabildo ha implementado varias estrategias de ayuda en las que se requiere la participación ciudadana.

Uno de los sistemas instaurados para combatir el problema es la instalación de más de 150 mil botones de seguridad que benefician a 226 mil familias. Ello, además, de la creación de comités de seguridad que apoyan la labor policial.

Ana Fernández es una comerciante que labora y vive en el sector del Comité del Pueblo (nororiente) por más de 5 años. La mujer comentó: “La Policía Nacional hace todo lo que está a su alcance, pero creo que es necesario más apoyo. Yo trabajo con mi puesto en la calle y tengo que estar pendiente de que los ladrones no se lleven las cosas. En este sector de la calle Garcés son frecuentes los asaltos; además, en las zonas cercanas se vende droga".

Patricia Carrillo, quien trabaja en el sector de la avenida Michelena (sur) desde hace 6 años, coincidió en que siempre tiene que estar atenta, pues los ladrones intentan llevarse los productos que vende todos los días en esa zona.