El 8 de mayo de 2015, el gerente de la Empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson, anunció al Concejo capitalino que la tarde previa se   iniciaron negociaciones con Acciona-Odebrecht.

El objetivo era que el consorcio  que presentó la oferta más baja para la construcción de la Fase II del Metro redujera el valor de la propuesta.

Tres meses después, el alcalde Mauricio Rodas anunció que como resultado del proceso se logró una rebaja de $ 50 millones.

El miércoles pasado, sin embargo, Anderson y Rodas aseguraron ante el legislativo local que las negociaciones nunca se efectuaron porque el consorcio hispano-brasileño se negó a ello.  

Según Anderson, no fueron “negociaciones en estricto sentido, sino conversaciones de tipo informal”.

Ante la petición de los concejales de Alianza PAIS (AP) de la entrega de información sobre lo conversado, el funcionario aseguró que por las características de los encuentros no se llevaron actas.  

De acuerdo con el gerente del Metro de Quito, lo que se hizo fue enviar informes posteriores sobre las conversaciones a los cuatro organismos multilaterales que financian el proyecto.

La bancada de PAIS y algunos ediles independientes insistieron, anteayer, en pedir los informes para conocer lo tratado entre el Cabildo y el grupo constructor.

Esto durante la sesión extraordinaria del Concejo quiteño, en la que se debatió la relación de Odebrecht con el proyecto a propósito de las revelaciones sobre actos de corrupción de la firma en América Latina.

En la discusión la concejala Luisa Maldonado (AP) cuestionó el anuncio de rebaja de $ 50 millones que la Alcaldía sostiene haber logrado en las conversaciones informales con los constructores.

Maldonado recordó que la supuesta reducción se consiguió tras eliminar dos de los componentes de la obra: el sistema de abastecimiento de electricidad y el sistema integrado de recaudo (SIR).

En el caso de los elementos energéticos, su costo lo asumirá la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), de la cual el Cabildo capitalino es propietario del 23,87% de acciones. En cuanto al sistema de recaudo, la intención del gobierno local sería concesionar el servicio a una firma nacional o internacional a través de una alianza público-privada.

La edil de AP apuntó que liberar al consorcio de esas responsabilidades contractuales no significa una reducción efectiva de los costos del proyecto, sino su asignación a otras manos.

Anabel Hermosa, coidearia de Maldonado, añadió que tanto el componente eléctrico como el de recaudación no se regalan, sino que deben ser pagados de alguna forma.

Entre tanto, Jorge Albán, concejal y exvicealcalde de Quito, reiteró ayer sus cuestionamientos a las conclusiones del estudio de Contraloría sobre la fase de estudios del proyecto de movilidad.

El documento atribuye la diferencia entre el presupuesto referencial de la pasada administración para la segunda fase (unos $ 1.000 millones) y la oferta más baja ($1.400 millones) a una subvaloración de costos por parte de la firma que realizó los estudios.

Albán criticó que se enfatice en los costos indirectos (ganancia, prima por riesgos, etc.), “los cuales tienen un alto componente subjetivo de establecimiento”.

Entre tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió ayer a funcionarios relacionados con la investigación del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Francisco Borja, embajador del Ecuador en los EE.UU., señaló que el 23 de diciembre se reunió con 3 funcionarios del Departamento de Justicia para solicitar más información y nombres respecto a la revelación del pago de sobornos por parte de la firma.

En tanto que la presidenta de la Comisión, María José Carrión, señaló que el tema se investiga desde marzo pasado y que prevé ampliar su indagación al período anterior a 2003. (I)

DATOS

El 11 de abril de 2013 arrancó el proceso de licitación de la Fase II del Metro de Quito. El 3 de diciembre de ese año se escogieron  cuatro consorcios finalistas.

El 7 de julio de 2014 se abrieron las ofertas de los cuatro oferentes calificados como finalistas, encontrándose una diferencia entre el presupuesto referencial y las propuestas presentadas.

El 31 de agosto de 2015, el Concejo Metropolitano autorizó al alcalde la contratación de un crédito por $ 440 millones para cubrir la brecha entre el presupuesto referencial y la oferta menor.

El 27 de octubre de 2015 se adjudicó el contrato al consorcio Acciona-Odebrecht y el 26 de noviembre se firmó el convenio de construcción. El 19 de enero de 2016 iniciaron los trabajos de la Fase II.