La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se encuentra en el ojo del huracán luego de que  una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) diera aviso de la supuesta existencia de irregularidades en varios procesos de contratación pública del Gobierno Provincial, las que ocurrieron incluso antes de la emergencia sanitaria.

Las últimas anomalías se detectaron en procesos de compras de insumos médicos para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Según lo indagado por la Fiscalía, que está manejando el caso bajo estricta reserva, el Gobierno Provincial adquirió -a través de la empresa pública Pichincha Humana- termómetros digitales y bolsas para cadáveres con sobreprecios que alcanzan hasta el 1.800%.

Las averiguaciones detallan que en la compra de 25 termómetros digitales, se pagó $ 188,50 por cada uno, con un valor total de $ 4.712,50; sin embargo, en el Hospital Docente de Ambato -por ejemplo- se adquirieron medidores con similares características por solo $ 10,40. Es decir, la Prefectura pagó $ 178,10 de sobreprecio por cada unidad.

En el caso de las 400 fundas para cadáveres, la investigación determinó que el precio referencial en el mercado nacional era de $ 12 por cada una, pero que el Gobierno Provincial de Pichincha pagó $ 51,90, un valor cuatro veces mayor.

Pabón defendió las adquisiciones asegurando que los termómetros de la Prefectura presentan características técnicas superiores a los comprados por otras instituciones y por eso tienen un valor mucho más alto.

Asimismo, explicó que las bolsas para cadáveres tenían costo superior porque contaban con nivel de bioseguridad tipo 4, con el cual se prevenía el derrame de fluidos o roturas a la hora de colocar el cuerpo de un fallecido por covid-19, mientras que las que costaban $ 12 eran las más básicas, con bioseguridades de  nivel 1.

Según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la prefecta Pabón le podría caber una sentencia de entre 10 y 13 años de prisión en caso de ser hallada culpable por el delito de peculado.

Se indaga tráfico de influencias

Sin embargo, esta no es la única acción de control a la que está siendo sometido el Gobierno Provincial de Pichincha.

Según información facilitada por la Contraloría General del Estado (CGE), el ente actualmente ejecuta otras tres indagaciones a la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial y sus empresas.

Una de estas profundiza en un contrato por $ 84.000 suscrito el 4 de septiembre de 2019 con la empresa DPC Diez Puntos Comunicaciones Cia. Ltda. para una consultoría para mejorar las prácticas comunicacionales de los funcionarios, correcto uso de canales digitales y formación de habilidades de comunicación.

Entre las irregularidades que detalla el informe están que la Prefectura no emitió un documento de análisis que justificara dicha contratación.

Tampoco se pudo comprobar que el cronograma de  inicio de evaluación, publicación de resultados de la oferta técnica y de apertura económica se hayan realizado dentro de las fechas establecidas.

Además, la comisión técnica de contratación inobservó que la empresa no cumplía con parámetros como experiencia mínima del personal técnico clave y equipos e instrumentos disponibles. Aún así se recomendó la suscripción del contrato.

La Fiscalía investiga estas supuestas irregularidades bajo la presunción de un posible delito de tráfico de influencias, el cual se castiga con privación de la libertad de entre tres y cinco años, según el COIP.

Las otras dos acciones de control de la Contraloría están enfocadas en las operaciones administrativas y financieras de la Prefectura. La primera cubre el período del 14 de mayo de 2019 -que asumió funciones Pabón- hasta el 31 de diciembre de 2019.

La segunda indaga las acciones desde el 1 de enero hasta el 8 de mayo de 2020. (I)

Proceso por rebelión está en etapa preparatoria de juicio

Para el 20 de marzo pasado estaba prevista la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otros tres implicados en el b; sin embargo, debido al inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 -el pasado 16 de marzo- la audiencia se aplazó.

Las acusaciones en contra de la prefecta se dan por su accionar durante las protestas de octubre de 2019, el cual se consideras promovió la violencia, con el afán de desestabilizar al Gobierno Nacional.

Se presume que Pabón y otros opositores al régimen financiaron y organizaron a varios grupos violentos que causaron desmanes durante las manifestaciones.

El Código Orgánico Integral Penal tipifica a la rebelión como un delito castigado con pena privativa de libertad de entre cinco y siete años. (I)