Indicios de corrupción en acciones de un concejal

El informe final de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, emitido el 26 de febrero pasado, señala que existen indicios de corrupción y del cometimiento de delitos penales en acciones del concejal Manuel Bohórquez Tapia, del Partido Sociedad Patriótica (PSP).

El 7 de enero, Nubia Legña -excolaboradora del funcionario- interpuso una demanda contra él ante la Fiscalía. En esa denuncia, la supuesta perjudicada acusó al concejal de acoso sexual y de despojarla del 50% de su sueldo y pagos por horas extras, aludiendo a un presunto acuerdo político.

Debido a esto, Quito Honesto inició una investigación que estableció que Bohórquez tenía la misma práctica de retención de recursos con la mayoría de sus colaboradores de libre remoción o con contratos de servicios ocasionales; así como solía acosar sexualmente a varias de las integrantes de su equipo.

Según los testimonios recogidos por la comisión, uno de los exempleados, cuya identidad se mantiene en reserva, era el responsable de imprimir los roles de pago de cada uno de los servidores y mediante una regla de 3 definía el valor que debían entregar. El dinero habría sido depositado en la cuenta del Banco del Austro No. 0617007975, a nombre del militante de PSP.

El informe señala que el exservidor público era custodiado en estos trámites por Rosa Núñez, asesora en el Municipio hasta 2012 y exalumna de la Unidad Educativa a distancia Juan Montalvo de Pifo.

En este plantel —de acuerdo con exalumnos— Bohórquez figuraba como director y propietario. Esto hasta que decenas de denuncias de irregularidades presentadas a la Dirección de Educación de Pichincha obligaron al cierre del establecimiento.

También habrían participado en el entramado descubierto David Tipantiza, supuesto familiar de la esposa del concejal, y Pedro Garzón, exasesor y quien actuó como coordinador encargado del sistema de tutoría del supuesto plantel de Bohórquez.

Más de $ 9.000 extras
En su informe, Quito Honesto señala que de acuerdo con las evidencias presentadas por 6 extrabajadores, estos entregaron recursos entre 2009 y 2013 a través de depósitos o dinero en efectivo al concejal y a Tipantiza.

Y aunque 2 testigos de descargo (Núñez y Tipantiza) negaron haber entregado dinero, se constató que en la agenda del concejal constaba la regla de 3 para que dichos exservidores le participaran de cantidades que iban de los $ 200 a los $ 700 cada mes.

En sus versiones, estas personas indicaron que el concejal era un “hombre correcto, muy serio, respetuoso y con una moral intachable” y que si realizaron depósitos de dinero se debió a asuntos personales y fuera de las horas de trabajo.

Mientras, entre las pruebas acusatorias constan 11 comprobantes de depósito del Banco del Austro a nombre de Manuel Bohórquez elaborados entre 2009 y 2010, totalizando $ 9.732,60. Sin embargo, existen más registros bancarios y de entrega de dinero en efectivo en el período 2010 - 2013. Por ejemplo, de $ 700 de propiedad de Legña y casi $ 4,290 de otra excolaboradora, quien prefiere no ser citada, entre otros.

Otras irregularidades
En el documento también se mencionan otras ilegalidades como la firma de documentación municipal arrogándose el título de ingeniero, cuando este documento no consta en el Senescyt, lo que recaería en el delito de falsedad ideológica.

Por ello, Quito Honesto solicitó a la secretaría de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central, que confirme la conclusión de estudios por parte de Bohórquez, a lo que la institución respondió que entre 1985 y 1986, el concejal ingresó a la facultad y que realizó sus estudios hasta el período 1991-1992, retirándose de segundo año.

En otro apartado se explica que Nelson Chicaiza, exestudiante de la Unidad a Distancia Juan Montalvo, que laboraba los sábados, denunció que el plantel funcionaba ilegalmente, por lo que al cabo de 4 años de su egreso, aún no ha recibido su título de bachiller.

Esta versión fue contrastada con 3 testimonios más que aseguraron que Bohórquez era propietario de la instalación donde también funcionaba, de lunes a viernes, la Escuela San Sebastián, que cerró en la misma época que el colegio.

Recomendaciones
Por todo lo anterior, la institución municipal recomienda que la Fiscalía agregue el informe a la indagación previa por acoso sexual; que investigue sobre el presunto delito de falsedad ideológica e inicie una indagación por recibir remuneraciones de sus exempleados para beneficio personal.

Otro pedido es que se remita el informe a la Contraloría General del Estado para que investigue depósitos realizados en la cuenta del concejal desde 2009 a la presente fecha y finalmente, que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, intervenga en el colegio a distancia Juan Montalvo y se dé solución a los problemas en él.

EL CONCEJO DEBERÁ TOMAR CORRECTIVOS

Luego de que el informe sobre el concejal Manuel Bohórquez sea conocido por el Directorio de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto deberá ser enviado al Concejo Metropolitano para que tome las medidas pertinentes. “Así corresponde, por tratarse de un caso que atañe a un concejal del Distrito Metropolitano de Quito”, dice el mismo documento .

Sin embargo, según la versión de servidores municipales, antes de llegar a la instancia legislativa municipal, debe ser discutida en la Comisión de Mesa conformada por Eddy Sánchez, quien militaba en Sociedad Patriótica (PSP) y ahora fue reelegido por Alianza País; la entidad la preside Jorge Albán.

A su vez, para que este tema se discuta en la Comisión de Mesa, la entidad debe ser convocada por alguno de los concejales o concejalas del Municipio.

Nubia Legña, quien denunció al concejal por acoso sexual, fue a su vez demandada por Bohórquez por supuesto daño moral por la cantidad de $ 600 mil.

“Me gustaría que se haga justicia para que quede como un precedente y que nunca más se repita una situación así”, dijo la acusadora.

Otros excolaboradores del concejal también han sido demandados por el edil por PSP.

El pasado martes, EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con el acusado para obtener su versión, pero una persona que se identificó como “David” contestó su celular. Este ciudadano pidió que se le llamara ayer, cuando devolvería el teléfono.