En los últimos años, 2,3 millones de venezolanos migraron. La mayoría lo hizo hacia un país de la región. En Ecuador, por ejemplo, 708. 935 de ellos registraron su ingreso durante enero y septiembre de 2018.

Las cifras se reflejan en la terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito. Hasta esa estación de buses llega -a diario- al menos un venezolano, cuenta Analía Hera, moradora del sector.

Hace tres años ella dejó su natal Caracas para radicarse en la capital nacional. En enero de este año arribó su esposo y en abril lo hicieron sus dos hijos, quienes al igual que otros 4.571 niños y adolescentes venezolanos iniciaron clases el 3 de septiembre.  

La abogada de profesión, pero que en Ecuador labora como recepcionista, cuenta que cuando sus compatriotas dormían en la terminal de buses ella brindó hospedaje a las mujeres que llegaban con niños pequeños.

En la actualidad ningún extranjero duerme en la estación. En julio de este año fueron trasladados hasta la Casa de Paso La Gran Sabana, ubicada en la zona industrial, en las bodegas de la fábrica Pintulac, cerca de Carcelén.

Pero no todos optaron por ir o quedarse allí. ¿Por qué? La estadía permitida es de máximo cinco días. Si hay niños de por medio o personas con algún tipo de discapacidad el tiempo se extiende hasta dos semanas.    

Carlos Delgado, de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, uno de los administradores del lugar, informa que el área tiene capacidad para recibir a 180 personas. Hasta el último jueves 145 pernoctaron ahí.

El albergue es considerado como un espacio de tránsito e hidratación para quienes buscan viajar a Perú o Chile.   

Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) de 2017 indican que el 8% de los hogares venezolanos reporta al menos una persona emigrante en los últimos cinco años. En promedio se reportaron 1,3 emigrantes por hogar.

En el área de mujeres del albergue está Joselina Medina junto a sus dos hijos de 7 y 11 años. A su arribo sus pequeños comieron algo que les ocasionó una intoxicación. Fueron trasladados al centro de salud del Comité del Pueblo y recibieron atención “oportuna. No sé si en Venezuela hubiese pasado lo mismo”, dice esta mujer que vende dulces y en su país se graduó como enfermera.

Josy, como la llaman sus compatriotas de la casa de paso, busca acceder a una visa para vincularse a un empleo formal. La ganancia diaria de las ventas ambulantes ($10) no es suficiente para estabilizarse con su familia.

De enero a julio de 2018, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) registró el ingreso de 547.140 venezolanos a Ecuador. En ese periodo la Cancillería entregó 24.616 visas.

Datos de esa cartera de Estado señalan que en 2017 se entregaron 23.059 visas. En ese año 287.972 migrantes ingresaron al país. En la actualidad, el promedio mensual de emisión de estas credenciales es de 3.517. 83% más que el año pasado, cuando la cifra fue de 1.922.

Otro de los documentos que tramita la enfermera es el registro de su título profesional. Esa diligencia se realiza en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Datos de esta entidad señalan que, desde 2012 hasta lo que va de 2018, 75.257 extranjeros registraron su título académico. De ellos 23.690 son venezolanos.

Por su reciente llegada, los hijos de Josy no estudian. Después de tres días de averiguaciones y trámites su mamá logró inscribirlos en el sistema público de educación. El lunes 16 de octubre será su primer día de clases. Ellos se incorporarán a la Unidad Educativa Eloy Alfaro.

El Ministerio de Educación (MinEduc) informó que las inscripciones y matrículas extraordinarias para el año lectivo 2018-2019 se receptarán hasta 15 días antes de culminar el primer quimestre (31 de enero de 2019).

En La Gran Sabana hay colchones, baños, duchas, y gracias a la ayuda de fundaciones, empresas privadas y la ciudadanía en general se garantiza, al menos, una comida diaria para todos. Además, personal de la Cruz Roja y del Ministerio de Salud llega para brindar ayuda a los viajeros. Delgado resalta que en esa casa de paso no se cobra ningún valor por los servicios prestados.

La otra cara de la moneda está en los exteriores de Carcelén. Ahí, en una parte del parterre de la avenida Eloy Alfaro, hay un campamento improvisado. Varios plásticos negros sirven de techo para aplacar las fuertes lluvias que caen sobre la capital. En ese espacio viven aproximadamente 64 personas. De ellas, 11 son niños y 12 mujeres embarazadas.

Una de ellas es Carmen Lira. La mujer de dos meses de gestación es esposa de Julio, quien está a cargo de ese refugio. Mientras espera que el agua que se convertirá en café hierva sobre una fogata de lecha cuenta que su aspiración es que su “muchachito” nazca en Quito.

Hace tres semanas enfermó a causa de los cambios de temperatura que registra la urbe. Su salud empeoró y su esposo la trasladó hasta el Hospital de Calderón. Ahí recibió atención médica y accedió a medicamentos, incluido el ácido fólico para el tratamiento de su embarazo.

Junto a la carpa en la que habita la pareja hay alambres sujetados entre las ramas de dos árboles. Sus habitantes los colocaron para poder secar la ropa que lavan en los baños públicos. Cada vez que alguien necesita ducharse va hasta los baños de la terminal de buses y por el costo de $ 1 se baña. El mismo valor pagan para poder cargar sus celulares.

Mientras cinco habitantes del campamento conversan alrededor de la fogata, de una carpa sale Joel. El joven de 32 años llegó a Quito hace ocho meses. Dice ser mecánico y aquí busca vincularse en el mismo oficio. Hace 15 días laboraba en un taller del sector.

Su retribución diaria era de $ 10. Para Joel ese pago es una explotación laboral, por ello hizo un cartel en el que ofrece sus servicios por $ 25 diarios. Asegura que cuando sale al semáforo y pide colaboración a conductores y transeúntes recauda el mismo valor o más de lo que le pagaban en su último trabajo.

Son las 21:00. Algunos habitantes del campamento llegan de su jornada laboral. El frío de la capital (8°C) obliga a encender otra fogata. Todos aseguran que cada mes, al menos, envían $ 10 a sus familiares. (I)