Henry Llanes, quien desde el 10 de diciembre de 2013 se dice presidente nacional de la Izquierda Democrática (ID), aceptó ayer que parte del edificio donde funcionaba la sede de la desaparecida agrupación política, extinguida del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) por incumplir con la reinscripción obligatoria, se encontraba arrendada.

Llanes y su abogado, Alfredo Flores, quien dijo ser secretario de la exID, admitieron que estaban alquilados el segundo y tercer piso del inmueble ubicado en el centro-norte de Quito, aunque aseguraron que ellos ocupaban la primera planta para oficinas del movimiento que llevó al poder a Rodrigo Borja (1988-1992).

Señalaron esto durante la audiencia pública efectuada ayer en la sala 301 de la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo sobre el recurso de protección presentado por los supuestos directivos de la agrupación partidista, en su afán de no perder la sede, cuya confiscación fue decidida por el Municipio en julio del año pasado, aduciendo incumplimiento de cláusulas del convenio de donación del predio sobre el que se construyó el edificio.

Ya el 15 de julio de 2010, Dalton Bacigalupo, entonces presidente de la ID, y Marcelo Zambrano, representante de la Fundación Coaching Empresarial, firmaron el contrato de arrendamiento del tercer piso.

El arrendamiento probaría la violación de las cláusulas de donación del terreno de 669 m², suscrito el 11 de agosto de 1980 entre el exalcalde de Quito, Álvaro Pérez, y el exdirector nacional de ese partido político, Raúl Baca.

La cláusula cuarta del contrato de donación prohibía a la ID “disponer libremente del inmueble”, y no le permitía realizar su enajenación (venta) actual o futura a cualquier título o modo de adquirir el dominio, ni constituir gravámenes de ninguna naturaleza sin la autorización municipal”. Bacigalupo firmó contratos de arrendamiento para 4 años por $ 550 mensuales.

El contrato de donación así mismo estipulaba que si la ID incumplía las obligaciones se resolverá expresamente el contrato y el inmueble revertirá a favor del Municipio. En julio pasado, en entrevista con este diario, Bacigalupo admitió que ese terreno fue donado por el Cabildo, pero destacó que después “lo convirtieron en un conventillo para de manera ilegal darlo en arriendo y lucrar inmoralmente de bienes del partido”. Culpó de aquello a Llanes, pero el aludido replicó que quien debe rendir cuentas es Bacigalupo.

Ayer, al ser consultado sobre qué destino daba al dinero de los arriendos, Llanes indicó que era para pagar servicios básicos, mantenimiento y guardianía del edificio.

En julio de 2013 ingresó al Concejo Metropolitano el informe de la Agencia de Control, en el que se detalló a quiénes se alquiló el tercer piso del edificio y otras oficinas: a las empresas Estelecom y Metrocom.

Durante la audiencia de ayer, Llanes y su abogado calificaron de “falsa”, “maliciosa”, “tendenciosa”, de “mala fe” e “injurídica” la actuación de la funcionaria municipal que realizó tal informe (Gloria Jaramillo).

Incluso, sostuvieron que se había violado el debido proceso. Por ello, pidieron el recurso de protección, para que el juez constitucional, Richard Buenaño, deje sin efecto la resolución del Concejo Metropolitano que revirtió la propiedad.

En este punto, Llanes citó artículos del Código Civil para señalar que el Cabildo no podía revertir la propiedad, pues habían transcurrido más de 15 años de la donación y por eso les hacía dueños privados del inmueble. “El Municipio nos quiere confiscar. Lo que no debíamos arrendar, prendar o enajenar era el terreno, mas no el edificio, porque eso no nos donaron, sino que lo hicimos con aportes de los afiliados, por lo que podíamos hacer lo que nos dé la gana y usufructuar de ese bien privado”, dijo.

Marco Ulloa, abogado del Municipio, argumentó que Llanes ni su abogado han podido justificar que la exID tenga vida jurídica ni cuál es la verdadera directiva, pues Llanes solo presentó copias simples de su elección como presidente.

“Hay ilegitimidad de la causa y del proceso. Pido no admitir la acción de protección. Además, (Llanes) no explica ni fundamenta la violación constitucional y presenta argumentos falsos que buscan inducir al juez a error. Maliciosamente dice que han pasado 15 años y que ya no se puede revertir la propiedad al Municipio. Nótese señor juez que en ningún momento negó que el inmueble estaba arrendado”, manifestó Ulloa.

El juez suspendió la audiencia, pues pedirá al CNE confirmar la existencia de la personería jurídica de la ID e inscripción de su directiva, para saber si Llanes es el legítimo contradictor (accionante) de los reclamos para no perder la sede. Además, el juez ordenó realizar -el jueves próximo- una inspección al edificio de la exID. Convocó para el 13 de febrero para reinstalar la audiencia.