Hasta $ 154 millones podría pedir Quito por problemas con el Metro
El numeral 8.7 del contrato de construcción de la Fase II del Metro de Quito establece el pago por parte de las empresas contratistas, de indemnizaciones por demora en la construcción del proyecto.
El documento señala también compensaciones por incumplimientos en la ejecución de las obras.
La Alcaldía maneja la posibilidad de aplicar estas sanciones en contra del consorcio encargado de los trabajos, si las disputas que mantienen sus miembros llegaran a afectar el avance del sistema de transporte.
Según el procurador (abogado) del Municipio, Gianni Frixone, las sanciones económicas que permite el contrato equivalen por cada día al 0,002% del presupuesto de $ 1.539 millones que cuesta la segunda fase del tren subterráneo.
En cualquier caso, las indemnizaciones tienen el límite del 10% del monto total del contrato.
Esto significa que ante cualquier inconveniente que pudiera presentarse, el monto máximo que podría reclamar la ciudad llegaría a unos $ 153,9 millones.
Los problemas entre la firma española Acciona y su socia brasileña Odebrecht se han agudizado desde que se hicieran públicos a finales del mes de abril.
El 28 de ese mes, el alcalde Mauricio Rodas anunció que el día previo había firmado la autorización para la reconformación del grupo empresarial con la salida de la compañía sudamericana.
Antes, los cuatro organismos multilaterales que financian la obra habían dado su visto bueno para la ejecución del procedimiento.
Sin embargo, la compañía investigada en toda América Latina por corrupción había comunicado el 4 de abril a su contraparte empresarial y al Municipio su intención de permanecer en el proyecto.
Por ello, al día siguiente del anuncio del Alcalde sobre su salida, la firma emitió un comunicado en el que Mauro Hueb, director regional de Odebrecht para Ecuador, negó la separación de la empresa de las obras.
“Nuestra prioridad actual es concluir las obras con seguridad para beneficio de la ciudad y sociedad quiteña”.
A partir de entonces, ambas compañías han protagonizado una guerra de comunicados y desmentidos sobre la asunción total de los europeos de los trabajos.
En el medio se halla un contrato de venta de derechos por parte de Odebrecht a Acciona firmado el año pasado. La primera firma dice que el procedimiento no se ha completado, en tanto que la segunda asegura que todo se ha cumplido.
De acuerdo con Acciona, la reorganización consorcial habría sido inscrita en escritura pública en la Notaría 1 de Quito y el procurador común, Sadinoel de Freitas Junior, reemplazado por Daniel Núñez.
El Consorcio Línea 1 Metro de Quito Acciona-Odebrecht, sin embargo, continúa figurando en los registros de la Superintendencia de Compañías.
El jueves pasado, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución conminando a ambos socios a resolver sus diferencias.
Se trata de evitar que las pugnas internas del consorcio afecten, en el futuro, al desarrollo del proyecto de movilidad capitalino.
Mientras tanto, la Presidencia de la República ofreció la asistencia de su Secretaría Jurídica al Municipio sobre el tema.
“Ponemos a disposición de la Municipalidad el apoyo (...) para aportar en la definición de una estrategia legal para defender los intereses de la ciudad”, señala un oficio enviado a Rodas el 10 de Agosto por el secretario general del Ejecutivo, Eduardo Mangas. (I)
