Tras la tragedia ocurrida el martes último en el barrio Santa Rita, en el sur de Quito, los moradores piden que el Municipio agilite la colocación de gaviones (muros de contención) para controlar la crecida del río Grande y evitar que con la lluvia el caudal siga mermando las bases de las casas que están ubicadas en la ribera de la quebrada.

Moradores como Martha Gualichico, de 47 años, coincidieron en decir que el Cabildo tiene el proyecto listo: encauzar las aguas del río a través de tubos, rellenar la quebrada y hacer un parque ecológico, pero dicen que no hay avances.

Según contaron, el proyecto volvió a cobrar fuerza porque los habitantes se quejaron de que la lluvia y la crecida del río amenazaba con derribar al menos cinco viviendas. Ante la queja y tras el fuerte aguacero registrado el martes,  desde las 12:00 hasta las 13:30, la empresa “Consorcio Alfa”, que tiene el contrato para la ejecución del Proyecto Río Grande, envió al lugar una cuadrilla de obreros para que “apuntalen” una casa que literalmente está en el aire, pero la tierra cedió y el área en donde se ubicaba el patio y una lavandería se desplomaron sobre dos de los trabajadores.

A causa de ello, el obrero Jorge Humberto Guamaní Toapanta, de 62 años,  falleció; mientras que José Gonza, de 27 años, resultó con golpes en varias partes del cuerpo. Ambos fueron rescatados por sus compañeros.

Según los testigos, la desgracia pudo evitarse si la empresa contratista llevaba los tablones para apuntalar la vivienda.

María Dolores Quishpe Guamán, esposa del fallecido y madre de ocho hijos, con quienes reside en el barrio Caupicho, dijo que temía no recibir ayuda para el funeral ni indemnización, por cuanto Jorge no tenía contrato de trabajo.

Ayer la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), mediante un comunicado, aclararó que el obrero tenía relación de dependencia con el “Consorcio Alfa” y que será la empresa la que asuma los costos funerarios y, de acuerdo a las cláusulas del contrato, la familia del fallecido también percibiría una indemnización correspondiente al seguro contra todo riesgo con el que contaba Guamaní, quien también estuvo afiliado al IESS.

Mientras tanto, los habitantes del inmueble en riesgo fueron desalojados el mismo día del incidente y trasladados a una vivienda municipal, en donde permanecerán hasta que puedan ser reubicados, informaron fuentes de la EPMAPS.