Los integrantes de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas (Aemoto) exigieron hoy más atención por parte de las autoridades al sector.

Ricardo Rocco, presidente de Aemoto y director de Escuela de Motos, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó varias inquietudes. Una de estas fue exigir un censo de motos en el país.

Rocco indicó que de acuerdo a reportajes publicados por prensa escrita, en el país habría 405.100 unidades hasta 2014. No obstante, indicó que de acuerdo a las cuentas realizadas por su investigación, en 2008 habría más de 500 mil motos. "Todos sabemos cómo está el nivel de venta de motos. Hay 23 plantas de ensambladoras en el Ecuador", dijo y añadió que que el organismo está en condiciones para ofrecer a las autoridades apoyo en la contabilización de conductores.

La segunda demanda que manifestó el representante fue sobre el alto precio que se distribuyen los elementos de seguridad (cascos, guantes, rodilleras, botas, etc.). Según el presidente, estos accesorios son considerados como vestimenta de lujo y pasan por aranceles y sobre tasas, lo que se hace imposible que pueda llegar a todos los estratos de la población.

Como tercer punto, el presidente de Aemoto cuestionó por qué el Municipio de Quito los colocó en la Dirección Vehicular del Pico y Placa y les cobra las mismas tarifas de multas que a un auto, tomando en cuenta que estos medios de transporte ocupan un 75% menos del espacio que abarca un vehículo.

Como cuarto punto, el presidente señaló que no hubo seguimiento con la suscripción del contrato para implementar el chaleco para los motociclistas.

Recordó que la norma se creó el 24 de marzo de 2010; en diciembre de ese mismo año se firmó el primer contrato de 600 mil chalecos y placas por $ 7,3 millones; en febrero de 2011 se entregó esta dotación a los motociclistas.

No obstante, el 25 de mayo de ese año, la Contraloría General del Estado ordenó 2 auditorías a los contratos e incluso la Fiscalía Distrital del Guayas inició una indagación previa por la compra de chalecos.

El 31 de marzo pasado, la Contraloría señaló que hubo un "grave prejuicio" al Estado por el contrato de 600 mil prendas cuando solo había el registro de 155 mil motos matriculadas.

Ante esta situación el 5 de abril de 2012, Mauricio Peña, titular de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) terminó el contrato y anunció el cobro de multas. Finalmente el 8 de junio de ese año, se suspendió el uso de chalecos para motociclistas.

Rocco aseguró que se han realizado reuniones con los directivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, concejales, entre otras dignidades, pero no se ha obtenido respuesta. (I)