¿Cómo actuará Pedro Freire, el exabogado de los demandantes de Tumbaco y Cumbayá que entablaron juicios millonarios contra el Municipio capitalino en oposición a la expropiación de los terrenos donde se construirá la fase 2 de la Ruta Viva cuando asuma la concejalía? La interrogante permanece en el ambiente debido a la falta de pronunciamientos claros.

Según la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y Movilidad (Epmmop), encargada de la construcción de la vía que conectará a Quito con el aeropuerto de Tababela, hasta el momento el Cabildo enfrenta 9 juicios que corresponden a 12 predios (un proceso abarca 3 predios) asentados en el trazado de las fases 1 y 2 de la Ruta Viva.

¿Existe ahí un conflicto de intereses?, ¿la futura Alcaldía pagará a los demandantes el precio que exigen por sus propiedades? son algunas dudas.

Los juicios de expropiación fueron emprendidos por el Municipio en 2012 con el fin de pagar el valor que corresponda a los dueños de los terrenos donde pasaría la nueva ruta, pero varias familias no se sintieron satisfechas con el cálculo y contrataron el servicio de un abogado particular.

Al momento, el monto dispuesto por los jueces o que consta en los informes periciales para la expropiación de los 12 predios es de casi 6’700.000 dólares, informó la Epmmop, suma que corresponde a un proceso ya concluido y 8 más que todavía se están sustanciando.

Antonio Ricaurte, concejal electo por la alianza Suma-Vive, reconoció que Freire patrocinó algunos de los juicios de expropiación planteados contra el Cabildo como abogado en libre ejercicio, pero aclaró que cuando aceptó candidatizarse para la concejalía y una vez nombrado ya no puede ejercer esas funciones, por lo que abandonó las causas.

Ricaurte dijo que Freire se desentendió totalmente de esos procesos y que sus exclientes deberán buscar otros abogados para continuar con la demanda. Además, indicó que “el cliente tiene el deber y el derecho de pedir un justo precio, pero nosotros como Concejo Metropolitano no tenemos que revisar nada, dentro del Cabildo tenemos una evaluación de lo que cuesta cada bien”, dijo.

Carlos Páez, exsecretario de Movilidad y concejal electo por Alianza PAIS, es enfático al señalar que allí se visibiliza un conflicto de intereses. “En nuestra lectura es inaceptable que los intereses particulares afecten el desempeño de los concejales, pues nuestro trabajo es defender a la ciudad (...). Esperamos que todo se haya resuelto y se explique a la ciudadanía si no existe un conflicto de intereses”.

La actual administración pidió un crédito al Banco del Estado para costear las expropiaciones, pues el proyecto vial, en la primera fase, requiere la intervención de 96 predios y de 190 en la segunda. El valor entregado por la entidad financiera fue de 40 millones de dólares.

Rodas, en varios medios de comunicación, defendió el trabajo que cumplió su coideario Freire, pero de la misma manera indicó que no dejará que ningún concejal ni funcionario municipal afecte los intereses de la ciudad. Y sostuvo que la construcción de la Ruta Viva será una de las obras prioritarias en su administración.

Sin embargo, no precisa si analizará o no el pedido de los dueños de los terrenos a expropiar, quienes exigen un valor superior al calculado por el Cabildo.