Familias reubicadas tienen una segunda vida

“Vea vecino, si Dios quiere llevarme, que me lleve con toda mi familia”, dijo Carlos Benítez, frente a la insistencia de Carlos Chiluisa, quien le había aconsejado dejar la casa que ocupaba en razón de un posible derrumbe.

Chiluisa no olvida ese momento ni el estruendo que escuchó la madrugada del 30 de noviembre de 2010, cuando un alud de tierra sepultó la casa de su amigo y vecino, matándolo a él, su esposa e hijos. “Incluido el bebé que la señora tenía en su vientre”, rememora.

Aquella tragedia cambió la vida de algunos hogares del barrio Las Cumbres, en Chillogallo Alto (sur); entre ellos el del propio Chiluisa (47 años), cuyos integrantes ante el peligro de nuevos deslaves se decidieron a salir del sector.

El recuerdo de los cuerpos inertes de las víctimas y los escombros retorcidos de la vivienda se vuelven más recurrentes cuando llueve, asegura. Esto porque fue el exceso de lluvias en aquella temporada la que provocó el deslizamiento de tierra que mató a sus vecinos. Ahora, el sobreviviente agradece a Dios por haberlo sacado de Las Cumbres, un sitio calificado por el Municipio como de riesgo.

Hoy, arrimado al marco de la puerta principal, Chiluisa reflexiona sobre los pros y contras de vivir en su nueva casa: la N°. 20 de la manzana 2, en el Conjunto Mena 2.

Recomenzar no fue fácil. Después de pasar 2 meses en el albergue municipal de la Zona Quitumbe, el núcleo familiar arrendó un inmueble en Santa Rosa de Chillogallo, donde vivió un año y medio, hasta que en 2012 recibieron de parte del gobierno local la vivienda en el conjunto residencial.

“Lo más difícil es acostumbrarse a la estrechez. En Las Cumbres, la casa era más grande. Había un terreno de 200 metros cuadrados, pero no era seguro; el invierno siempre nos traía preocupaciones”, asevera.

Chiluisa muestra el interior de la vivienda. Sobre 48 metros cuadrados se levantan una sala, cocina-comedor, un dormitorio, baño, patio lavandería y un pequeño cuarto, adecuado para construir gradas y edificar un segundo piso.

Debido a lo numeroso de su familia (2 adultos y 6 menores de edad), el padre acomodó como dormitorio el cuarto destinado para los escalones. “La casa es chica, pero no hay peligro de derrumbes”, comenta Maribel Castillo, esposa de Carlos, mientras revisa la tarea escolar de su hija de 7 años.

Otra modificación fue el acondicionamiento del patio-lavandería como lavandería y cocina. Los Chiluisa-Castillo creen que es más seguro tener el cilindro de gas en el patio y por eso invirtieron en 4 vigas de madera y 3 planchas de zinc. De esta manera, la habitación de cocina quedó como comedor y “estudio”.

En el conjunto, como en todos lados, las necesidades son las que mandan. Los habitantes de cada vivienda acondicionan las casas de acuerdo con sus requerimientos y disponibilidad de dinero.

Carlos, maestro constructor, ahorró dinero de algunas obras para comprar el material y efectuar las modestas mejoras.

Luis Achig (64 años), en tanto, ocupa un departamento en los bloques de condominios. Vive solo desde que se divorció hace 5 años; sus ingresos como pintor y la ayuda de sus hijos le permiten vivir tranquilo. Aunque recibió el sitio con piso de cemento, ya colocó baldosa.

Él vivía en el barrio La Forestal Alta, también calificado como de riesgo por el Cabildo. Recibió la nueva propiedad en octubre de 2012. El departamento consta de sala, comedor, 2 dormitorios y un baño.

Al igual que Luis, don Filiberto Maldonado (72 años) reside solo y debido a la artritis que padece no puede laborar. Sobrevive con los $ 50 del Bono de Desarrollo Humano y con el respaldo que le dan sus descendientes. Su casa conserva el piso de cemento.

Si bien las expectativas y situación económica de cada hogar es diferente, la mayoría es de clase baja. El Cabildo relocalizó en el sitio a personas provenientes de Chilibulo, Chaguarquingo, La Forestal, San Luis de Miravalle, San Bartolo Alto, Las Cumbres, La Garzota, La Cantera de Chillogallo, San Francisco de La Chorrera, Oriente Quiteño, Paluco, Línea Férrea, La Colmena, La Libertad, Guápulo, San Diego, El Placer y Monjas.

DAR VIVIENDA ES PARTE DE UN PLAN INTEGRAL

La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda y la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio trabajan en otros proyectos de reubicación para familias que residen en zonas de riesgo no mitigable. Uno de los siguientes objetivos es terminar los bloques de departamentos en el conjunto residencial Ciudad Bicentenario, ubicado en Pomasqui. Genith Alcívar, coordinadora del Plan de Relocalización de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, manifiesta que el objetivo del Cabildo es tener listas las edificaciones a finales de abril, antes del cambio de administración municipal.

 En Ciudad Bicentenario quedarán listas 104 soluciones habitacionales para familias reubicadas provenientes de las áreas vulnerables del norte de Calderón y del barrio La Delicia (norte). 

El año pasado, por cada departamento se estableció un costo de $ 20 mil, que será financiado de la misma manera que las viviendas de los complejos habitacionales Mena 2 y Pueblo Blanco II; es decir, el 70% mediante el bono de reasentamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y del bono de vulnerabilidad del Municipio. El aporte del bono del Miduvi equivale al 60% del costo total del hábitat. El gobierno local cancela el 10% y la diferencia (30%) corre a cargo del propietario.

 En caso de que los beneficiarios tengan ahorros en alguna entidad financiera, ese 30% se puede cubrir directamente o mediante créditos de la banca privada, cooperativas o del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).Sobre la socialización de los proyectos de vivienda a las personas relocalizadas, la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda informa que en todo plan habitacional se ejecuta un proceso de inducción, dirigido por el área de gestión comunitaria.

 Este procedimiento consta de talleres de convivencia que se realizan antes de que las familias se muden a sus nuevas casas y después del traslado. Durante la capacitación se les instruye sobre las normas a seguir en la propiedad horizontal, pues no es lo mismo vivir en un conjunto habitacional que en casas individuales. 

Los procedimientos de reubicación contemplan, además, el pago temporal de arriendos a las personas que deben esperar la entrega de las soluciones habitacionales. Este aspecto cierra un plan de ayuda integral a las familias que durante varios años residieron en zonas de riesgo, quienes por lo general son de escasos recursos económicos.

El complejo cuenta con todos los servicios básicos y los ciudadanos se movilizan en las unidades de transporte que atienden a la Mena 2.

Una ventaja de la que esperan beneficiarse muchos adolescentes es tener al lado el Colegio Réplica 24 de Mayo. En cuanto a los niños, la escuela más cercana es la Oswaldo Vaca Lara. Para obtener cuidados médicos, los moradores van al centro de salud de la ciudadela Tarqui.

Entre las preocupaciones principales de los moradores está la inseguridad, pues aseveran que los patrullajes de la Unidad de Policía Comunitaria del sector no son suficientes. Se quejan por robos a sus domicilios, asaltos y agresiones dentro y fuera del conjunto.

Por estos motivos, desde hace 1 año, se alternan para rondar y vigilar todos los días. Grupos de 6 personas cumplen 2 turnos: de 00:00 a 02:00 y de 02:00 a 04:00. La presidenta de la urbanización es Sandra Gómez, principal responsable de que los proyectos pro mejoras se realicen.

En la actualidad se cobran $ 3 mensuales por casa para colocar las puertas de ingreso y construir una garita. El siguiente objetivo es contratar guardias e instalar videocámaras de vigilancia.

Pueblo Blanco
A Verónica Andrade (27 años), le basta mirar hacia el sur, desde la vía principal del Conjunto Habitacional Pueblo Blanco II, para observar el Comité del Pueblo, barrio del que salió junto con su familia hace 3 años aproximadamente.

Ubicado en la entrada a Llano Grande, al norte de Quito, Pueblo Blanco II es el punto donde fueron reubicadas las familias asentadas en zonas de riesgo de La Bota, Comité del Pueblo y Monjas.

Verónica no tardó en acostumbrarse, pues el complejo cuenta con servicios básicos, espacios verdes, vigilancia y tiene cerca los centros de salud del Comité del Pueblo, Calderón, La Bota y Llano Chico. Además de las instituciones educativas de aquellos sectores. Por si fuera poco, la parada de buses de la cooperativa Guadalajara está a pocos metros del conjunto.

La vivienda (39, en el bloque 3), donde Verónica, su esposo (Luis Palacios) y sus 3 hijos viven incluye sala comedor, cocina, 2 dormitorios, un baño y un patio de lavandería. El sitio tiene una extensión de 70 metros cuadrados.

En una edificación similar (casa 40), habitan su madre y sus 2 hermanos menores. Están agradecidos por las facilidades de pago otorgadas por el Municipio, pues el costo de cada inmueble es de $ 12.500; de los cuales a ellos únicamente les toca invertir $ 2.500. El resto se canceló mediante el Bono de la Vivienda. “A mí me falta pagar un poco menos de $ 1.000. Otros vecinos ya terminaron de cancelar”, comenta mientras acomoda en el sofá a su pequeña de 2 años.

Un situación similar (casa 35) es la de Nathalie Quezada (28 años), quien se siente contenta por la vivienda que recibió. “Residía en la Zona 7 del Comité. La vivienda era más grande, pero la lluvia y el sol aflojaban la tierra y había derrumbes”, resume. Junto con su esposo (Iván Zurita), tratan de dotar de lo necesario a sus 2 hijos. Considera que tener una casa segura es elemental en todo proyecto de vida.

Con esta idea coincide Grace Cuchipe (18 años), alumna de quinto curso en el Colegio Nuevo Ecuador, quien reside en la casa 41, una de las 6 edificaciones de 2 pisos que tiene la ciudadela.

Para la joven y sus parientes la adaptación resultó más complicada, ya que moraban en él barrio Línea Férrea (Monjas), en el centro-oriente, y no estaban familiarizados con la zona norte. “Vivíamos en un departamento dentro de un edificio de 5 pisos que estaba al borde de un barranco y las lluvias provocaban deslizamientos. Ahora estamos bien”, dice. La casa tiene sala, comedor, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y un patio de lavandería.

Sin embargo, no todos están contentos en Pueblo Blanco II. Los ciudadanos que residen del otro lado de la vía principal se quejan porque, según afirman, con el arribo de los reubicados llegaron la delincuencia y los escándalos públicos.

Una de las habitantes, quien prefiere no identificarse, afirma que hay robos en los domicilios y grupos que usan los parques para drogarse. Otra vecina indica que el consumo de licor es altísimo, por lo que la directiva del sitio pidió a las tiendas no expender bebidas alcohólicas.

“Hemos visto horrores. El otro día, un joven de los reubicados apuñaló a su propio padre. Nosotros no merecemos esto. Cuando compramos las casas al Consejo Provincial de Pichincha, lo hicimos porque era un barrio residencial”, alega.

Una mujer afirma que no todos los relocalizados son malos y que lo ideal sería integrarlos a través de lides deportivas o actividades que les permitan confraternizar. Pide la intervención del Municipio.

Al consultarles al respecto, algunos ciudadanos reubicados aseveran que por venir de lugares ‘populares’ se los estigmatiza y que los desmanes no solo se producen en su sector. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio informa que en todo proceso de reubicación se dictan talleres de convivencia, antes y después de asignar las casas. Pero las buenas relaciones entre vecinos dependen de ellos.

Datos

Desde septiembre de 2011 hasta julio de 2012, el Municipio ubicó a las familias y viviendas en riesgo no mitigable. Después realizó el proceso de relocalización temporal y de apoyo para el pago temporal de arriendo.

La construcción del Conjunto Habitacional La Mena 2 comprende viviendas, locales, parqueaderos, equipamiento comunitario y obras de infraestructura.

Asimismo, se adecuó el parque aledaño y se realizaron 10 mingas para recuperar la quebrada contigua. También se brindó asesoría para los trámites de bonos, financiamientos y créditos.

Para la asignación de las viviendas se definió una metodología y se conformó un comité con la participación de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, las administraciones zonales Manuela Espejo, Quitumbe y Eloy Alfaro, y la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

El Conjunto Habitacional Mena 2 consta de 408 soluciones habitacionales, entre casas y departamentos. El costo de cada hábitat fue de $ 14.500. En el conjunto Pueblo Blanco 2 se entregaron 77 viviendas.

En ambos casos, las viviendas fueron financiadas con el bono de reasentamiento del Miduvi y el bono de vulnerabilidad del Municipio, que cubrieron el 70% del total. El 30% corre por cuenta de los beneficiarios.

En la Mena 2, el costo de la vivienda para las familias reubicadas se fijó en $ 14.500; en Pueblo Blanco se estableció un precio de $ 12 mil.