El transporte informal cubre las falencias del sistema regular de movilidad

Antonio Murillo (52) vive en el sur y trabaja en una empresa localizada en la parroquia Pifo (al nororiente de la ciudad). Por ello, todos los días se levanta a las 05:00, se alista rápidamente y se dirige hasta las instalaciones de la Universidad Salesiana en Chillogallo.

Para cumplir su itinerario, a las 06:00 aborda una de las furgonetas que se estacionan en la zona y van a Cumbayá. Se trata de un servicio que no está regularizado.

La furgoneta recorre la av. Simón Bolívar y llega a Cumbayá, por lo general, en menos de 1 hora, aunque la velocidad del recorrido depende del tráfico que exista en la vía.

“Si no existiera este tipo de transporte, me tomaría alrededor de 2 horas llegar a mi trabajo. Tendría que tomar el Trolebús hasta la estación La Y, luego subir un integrado hasta la Ecovía y abordar un bus interparroquial que me lleve hasta Pifo”, dijo Antonio.

El ir y venir de este obrero le significa $ 1 diario en pasajes, algo que considera conveniente puesto que usar la otra ruta costaría $ 1,20 y, además, tendría la incertidumbre de llegar o no a tiempo.

Como Antonio, miles de quiteños utilizan cada día este tipo de transportación, cuyos miembros se ubican en sitios que les permiten cubrir la ausencia o deficiencias de los sistemas de movilidad convencional y municipal.

Otro ejemplo son los alrededor de una veintena de autos particulares que cubren la ruta Cumbayá-La Floresta. Cada uno de ellos realiza, en promedio, 8 viajes diarios y cobran $ 1 por persona.

Alejandro Espinoza (25), conductor de uno de esos automotores, aseguró que su trabajo tiene complicaciones por su estatus de informal, así como la competencia con la Cooperativa de Buses La Floresta, que realiza la misma ruta.

Espinoza añadió que quienes brindan este servicio se ven supeditados a las órdenes de una persona que hace las veces de coordinador —a quien prefirió no identificar— y a quien cancelan $ 400 a modo de cuota de inscripción.

Según Espinoza, él no pagó y desde entonces su trabajo se ha complicado pues sus colegas que sí desembolsaron la cantidad lo importunan.

Carapungo (al norte) es otro punto de la ciudad en donde se utiliza este tipo de transportación.
Anhalía Maldonado (31) vive en el sector de Morán y trabaja en la zona de La Gasca. Para asegurar su traslado, todos los días toma uno de los vehículos que conectan a la entrada de Carapungo con el Estadio Olímpico Atahualpa (centro-norte).

Paga $ 0,50 en cada viaje, que dura alrededor de 30 minutos, aunque depende de cómo fluya la circulación en las avenidas Simón Bolívar y El Inca.

Anahlía apuntó que no solo el tiempo de recorrido es menor frente al transporte convencional, sino que el servicio es mejor. “Una va sentada todo el tiempo”, aseguró.

José Mendoza, conductor de una de esas unidades, comentó que más de una decena de vehículos trabaja de esta manera, entre ellos, varias furgonetas que se han sumado en los últimos 2 años.

Según Mendoza, diariamente realiza de 5 a 7 recorridos. “No somos una cooperativa, estamos intentando legalizar nuestra situación, aunque los policías, primero, y los agentes de tránsito, ahora, nos han sancionado, sin tomar en cuenta que todos necesitamos trabajar. Además, todos los días ayudamos a trasladar a más de 500 personas”, aseguró.

Otro caso similar ocurre en el barrio La Tola (centro-oriente), en donde la escasez de buses dio lugar al aparecimiento de los taxirrutas, cuyos conductores cobran $ 0,25 por el recorrido desde el sector conocido como La Tola Baja hasta las inmediaciones del Coliseo Julio César Hidalgo (La Marín).

A juicio de Efraín Jaramillo (49), este tipo de transporte sirve a la mayoría de vecinos pues los buses de que cubren la ruta Tola-Pintado pasan con más de 30 minutos de intervalo. Además, hay pocas unidades en circulación y se quejó de que muchos de los automotores se encuentran en mal estado.

Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), el 82% de los barrios de la capital de la República cuenta con transporte público y el 18% restante no lo tiene, en parte, debido al crecimiento desordenado de la ciudad y la falta de vías de acceso.

La Ordenanza sobre Servicio de Transporte determina que un  vehículo que no esté legalizado será objeto de sanciones: el auto será retenido  por 15 días y la multa será de 3 remuneraciones mensuales unificadas (hoy $ 945).