El sector conocido actualmente como El Beaterio, ubicado al sur de Quito, fue parte de la hacienda Correa a inicios del siglo XX. Esta lotizó sus tierras entre los años 70 y 80 y así se conformaron 16 barrios y cooperativas.

El Beaterio debe su nombre a la presencia de la planta de tratamiento de gas de Petroecuador, edificación establecida en el sector años antes de la conformación de los barrios. Para los vecinos de la zona la planta es un inconveniente por el peligro que encierra.

César Abarca, quien vive en el barrio Venceremos 1 hace más de 30 años, comentó que los habitantes han pedido a más de 4 administraciones municipales que la planta sea reubicada, pues consideran que esta es una bomba de tiempo por la cercanía a las casas.

“La lucha por sacar la planta del barrio El Beaterio lleva más de 20 años. Son varias las afectaciones. Por ejemplo, hay ocasiones que el lugar se llena de un fuerte olor a combustible.

Mientras que la entrada y salida de camiones obstaculiza el paso a los barrios aledaños y daña la vía”, comentó Abarca.

Como antecedente, en la Ordenanza Municipal N° 172, se establece un área de protección especial de 100 metros alrededor de la infraestructura hidrocarburífera.

El Municipio propuso en varias ocasiones a Petroecuador el traslado de las instalaciones de El Beaterio de manera total y definitiva, pero esto no ha sido posible debido a los altos costos que significaría esa relocalización.

En lugar de ello, en 2012, el alcalde Augusto Barrera firmó un acuerdo con Petroecuador en el que se estableció una franja de seguridad de 500 metros a la redonda del complejo industrial y, a la vez, relocalizar a 220 familias agrupadas en los barrios Estela Maris, San Blas 1, Jesús de Nazareth y Caupichu 2, cuyas viviendas están ubicadas dentro dicha franja. Este acuerdo se convirtió en la Ordenanza N° 0073.

La norma incluía un pago de $ 9 millones de la estatal petrolera para indemnizar a los moradores del lugar, que sería entregado.

En 2013, 107 familias del barrio Estela Maris fueron reubicadas, mientras que las otras esperan por su relocalización.

Wilfrido Tenelanda, dirigente del barrio San Blas, comentó que desde hace 3 años esperan que el Municipio los relocalice, pues conocen que los $ 9 millones ya fueron entregados hace un año a la Empresa de Hábitat y Vivienda del Municipio.

“No conocemos los motivos por los cuales el Cabildo no ejecuta el proceso de reubicación. En un inicio nos ofrecieron trasladarnos a los proyectos habitacionales que ejecuta el Municipio, pero todavía no tenemos una respuesta”, aseguró Tenelanda.

Dos de los proyectos habitacionales ofrecidos como sitios de emplazamiento por parte del gobierno local son Girón de Chillogallo y San Francisco de Huarcay (ambos ubicados al sur de la ciudad).

Además de la demora en este procedimiento, otro inconveniente que tiene el proceso es la falta de acuerdo sobre algunas indemnizaciones.

Sobre este tema, Fany Mayanza comentó que 73 familias del barrio San Blas esperan ser relocalizadas, pero exigen que se pague el precio justo por las viviendas, pues el avalúo catastral establece un valor de $ 42,50 el metro cuadrado (m²) y ellos no están de acuerdo con el monto.

“En los convenios firmados por el Municipio y Petroecuador se establece un área de 16 mil m² de construcción y 8 mil m² en vialidad, cuando en realidad (la franja de seguridad) son más de 28 mil metros cuadrados”, comentó la moradora.

A ello se añade el reclamo de los vecinos de San Blas respecto al pago del impuesto predial correspondiente a 2014 y establecido en $ 19 mil por el Cabildo para todo el sector.

Esto porque el Municipio mantiene para el cálculo los 73 predios que se encuentran en la franja de seguridad, lo que eleva el costo que deben pagar los habitantes.

Tenelanda señaló que este año el Cabildo solucionó el problema y pagaron $ 900, pero como la ley no es retroactiva aún están adeudando lo del año pasado.

En cuanto a la reubicación, dicen que no se niegan a ello, pero exigen propuestas concretas pues van ya 3 años sin que el proceso concluya.

Para Víctor Loyola, presidente de la coordinadora de los barrios de El Beaterio, el problema radica en que las autoridades han dado prioridad a los requerimientos de la empresa estatal.

No obstante, el directivo añadió que como vecinos del sector comprenden los altos costos que implicaría trasladar la planta de Petroecuador.

“Nuestra primera lucha fue la legalización de las propiedades. Además, en los planos consta que El Beaterio tiene un río, que en realidad es una quebrada, y ese error causó más problemas”, dijo Loyola.

Durante este año, los vecinos solicitaron a Ana Tamayo, funcionaria de ambiente de Petroecuador que no se aumentaran tanques, pues, según Loyola, estaba previsto que se edificaran más; pero a través de la organización barrial lograron detener este proceso.

“Petroecuador quiere ampliar la franja de seguridad. Nosotros no vamos a permitir eso, pues el barrio lo que necesita, más que franjas de seguridad, son espacios verdes para la comunidad. Queremos que Petroecuador nos entregue, como a otras provincias, centros de salud, vialidad y escuelas”, dijo Loyola.

Según los moradores del área, la Administración zonal Quitumbe no plantea ninguna solución debido a problemas administrativos de la entidad e incluso obras prioritarias no habrían tenido un presupuesto participativo. (I)