El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este jueves 10 de agosto, una resolución presentada por la concejala independiente Daniela Chacón, en la que se exige a los integrantes del grupo constructor del Metro resolver los conflictos que mantienen entre ellos.

Los integrantes del legislativo capitalino buscan evitar que la disputa sobre la salida o permanencia de la empresa brasileña Odebrecht en el consorcio, pública desde abril, afecte al desarrollo futuro del proyecto. Hasta ahora, la ejecución de los trabajos no se ha detenido pese a las fricciones y estos registran un avance general de alrededor del 35%, según la Alcaldía.

Antes del tratamiento de este tema, la Secretaría del Concejo leyó un oficio del secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, en la que el funcionario pone a disposición del Cabildo al equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

El propósito es establecer una estrategia legal que permita una salida al conflicto y, a la vez, evite que la obra resulte afectada por los desentedimientos entre Odebrecht y su socia, la española Acciona.

Esto a raíz de una conversación mantenida por el alcalde Rodas con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, en el que el primero habría planteado su solicitud de apoyo al Gobierno para establecer "una posición de Estado", sobre el tema.

Ambas firmas han mantenido en los últimos cuatro meses una pugna mediática mediante la emisión de comunicados y desmentidos sobre la reconformación del grupo empresarial y la salida de los brasileños. El último episodio de esta disputa ocurrió el viernes pasado, cuando Acciona anunció que había concluido el proceso legal y que continuaría por su cuenta con la construcción. Esto fue, a renglón seguido, negado por Odebrecht.

Según la compañía europea, incluso ya ha inscrito legalmente el nuevo consorcio ante una notaría de la capital. Sin embargo, en los registro de la Superintendencia de Compañías el consorcio original sigue estando vigente. (I)