El Gobierno invita a las prefecturas a intervenir en 'Casa para todos'

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), invitó ayer a los gobiernos provinciales a participar en el proyecto ‘Casa para todos’, parte del proyecto gubernamental ‘Toda una vida’.

En este primer acercamiento participaron la ministra María Alejandra Vicuña, Virgilio Hernández (consejero presidencial de Hábitat y Vivienda), Gustavo Baroja (presidente del consorcio de consejos provinciales), y otros prefectos.

Fueron invitados los titulares de gobiernos provinciales que tienen empresas públicas para la ejecución de obras en sus jurisdicciones y que incluso son contratados para realizar proyectos en otras zonas.

Asistieron, por ejemplo, Geovanny Benítez (Santo Domingo de los Tsáchilas), Sergio Chacón (Napo) y Paúl Carrasco (Azuay).

La ministra Vicuña señaló que la idea de incorporar a los gobiernos locales en la implementación del plan central del Gobierno se basa en la aplicación de la idea del presidente Lenín Moreno: “Nada para ustedes, sin ustedes”.

La propuesta -dijo- será incorporada al Plan Nacional de Desarrollo, pues se busca a través de ella fortalecer al país a través de la capacidad de la actividad constructora como generadora de trabajo y bienestar.

Anunció que en días previos hubo acercamientos en el mismo sentido con municipios del país, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).  

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, felicitó la iniciativa gubernamental y sugirió que el Jefe de Estado participase en la firma del convenio entre el gobierno central y las entidades locales, cuando se haya pulido el proyecto.

Baroja resaltó que las prefecturas tienen la capacidad suficiente para ejecutar el encargo de construir.

Por su parte, el consejero presidencial de Hábitat y Vivienda (Virgilio Hernández) se encargó de delinear las estrategias que tiene el Ejecutivo para materializar la propuesta de campaña denominada ‘Casa para todos’.

Resaltó que el proyecto es una de las políticas centrales del régimen y que va más allá de la edificación de viviendas: establecer espacios y nexos de comunidad.

La participación de las prefecturas y otros niveles de gobierno local, incluidas las juntas parroquiales, se producirá en varias áreas.

Una de ellas será la ayuda en la identificación en sus respectivos territorios de posibles beneficiarios de los planes de vivienda. También podrán ayudar en la identificación de zonas en las que se puedan construir las casas e incluso donar predios.

Hernández señaló que para esto se cambiará la norma que prohíbe a entidades estatales entregar bienes a privados. Esta prohibición se eliminaría específicamente para los casos de vivienda de interés social.

Destacó que se planea que de las 365 mil viviendas ofrecidas en campaña, al menos 190 mil sean de este tipo mediante subsidio, en unos casos, y copago, en otros.

Los gobiernos descentralizados podrán participar, también, como constructores a través de sus empresas públicas.   

En el caso del Banco del IESS anunció que se le planteará modificar sus reglas de créditos hipotecarios para que tengan acceso los afiliados con ingresos de entre $ 375 y $ 750 mensuales. (I)