El proyecto del alza de pasajes en Quito aún no tiene fecha para su debate y aprobación.

El lunes, la Comisión de Movilidad aprobó el informe para que la ordenanza sea tratada en el pleno del Concejo. Pero al ser consultado ayer, el alcalde Mauricio Rodas no estableció una fecha para el cumplimiento de dicho trámite.

Dio a entender que su administración incluirá cambios al texto. Entre ellos, la disposición de que la revocatoria de los permisos de las operadoras de transporte ocurra de inmediato si se suspende el servicio como sucedió el viernes pasado.

La Secretaría Metropolitana de Movilidad anunció el martes pasado el inicio del procedimiento en contra de las empresas MetroTrans, Nacional y Cocotog, las que suman 100 unidades.

El argumento jurídico del Cabildo es que con la paralización del 24 de agosto, las operadoras habrían cometido tres infracciones seguidas, lo que faculta al Municipio a proceder con la penalización.

Darío Tapia, secretario de Movilidad, aseguró que la Municipalidad garantizará el servicio que cubren  las compañías sancionadas.  

Entre tanto, se penalizará a otras 54 operadoras con una multa de ocho remuneraciones básicas unificadas ($ 3.000) por la paralización de la semana anterior.

Ayer, los conductores realizaron una asamblea para analizar una respuesta frente a las sanciones anunciadas. Hasta las 16:15, no se conocía cuáles eran las resoluciones del gremio.

El alcalde Mauricio Rodas afirma que no se elevará el costo del pasaje hasta que el proyecto asegure el mejoramiento del servicio.

Sin embargo, existen críticas a los resultados conseguidos respecto al sistema de pago de compensaciones que mantuvo el gobierno capitalino, desde 2015 hasta junio pasado.

El 24 de agosto, cuando se postergó la votación sobre la normativa tarifaria, concejales de diversas bancadas exigieron la entrega de un informe que muestre los avances logrados en los pasados dos años.

El exalcalde Augusto Barrera recordó en una entrevista que los transportistas que paralizaron su actividad recibieron “$ 46 millones sin ofrecer ningún tipo contraprestación para mejorar el servicio”.

Por su parte, Rodas señaló que el establecimiento de un sistema electrónico de recaudo es indispensable en el mejoramiento de la transportación, pues evitará las carreras para ganar pasajeros.

No obstante, el análisis del proyecto que establece esta forma de cobro de pasajes se encuentra detenido desde enero del año pasado, cuando fue tratado en primer debate por el legislativo quiteño.

También hay quejas sobre la eficacia de los indicadores de calidad establecidos en el convenio de 2015 para el pago de compensaciones de entre $ 450 y $ 1.000 mensuales.

La limpieza de la unidad era uno de los ítems con mayor reconocimiento económico; su aplicación se recompensaba con $ 153. Y se asignaba cerca de la mitad ($ 79,17) por la adecuación del vehículo para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

De la misma manera, la existencia de información al usuario a través de pantallas y elementos braille para los no videntes se reconocía con $ 22, mientras el uso de uniformes del personal recibía $ 34,13. (I)