Para los habitantes de los sectores Pisulí, Marianitas, La Pampa, Santa Rosa de Pomasqui, Parque Equinoccial y San Francisco, todos ubicados al norte de Quito, aún está fresco el recuerdo de los efectos de la fuerte tormenta caída la tarde del 20 de septiembre de 2014.

Según reportaba por entonces el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, el mayor número de afectaciones ocurrió en Marianitas (Calderón), donde agua y lodo ingresaron en las casas de 8 familias. Mientras que en Pisulí (zona alta de Cotocollao), una familia de 3 integrantes también resultó perjudicada por el descenso de material como producto de la lluvia.

En el caso de Santa Rosa de Pomasqui y La Pampa (camino a la Mitad del Mundo), el material arrastrado cubrió las calles de esas zonas. Sus habitantes responsabilizaron de esto al supuesto poco cuidado aplicado en los trabajos de prolongación de la av. Simón Bolívar desde Carapungo hacia el norte.

Casi un año antes, el 18 de octubre de 2013, la zona de Santa Rosa ya fue escenario de un aluvión que afectó gravemente a 15 viviendas habitadas por 27 familias. Los damnificados recibieron $ 477 de la Municipalidad como ayuda para el pago de arriendos mientras se evaluaba, limpiaba y reparaba sus casas. Además, recibieron alimentos, vituallas y kits escolares como parte del fondo de emergencia instituido por la pasada administración capitalina.

El entonces alcalde, Augusto Barrera, responsabilizaba de la situación a “la explotación riesgosa e irresponsable” de las minas de la parte alta del área y de otras de la parroquia Pomasqui.

El exburgomaestre apuntaba como otra de las causas a que en el lugar se habían construido casas cerca del cauce de la quebrada que atraviesa ese sector de la ciudad.
Aquellos fueron los eventos por movimientos de masa (deslaves) de grandes proporciones más recientes ocurridos en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) a causa de las lluvias.

Sin embargo, el más grave de la última década ocurrió el lunes 2 de mayo de 2011, cuando una parte del talud sobre el que se asentaba una parte del barrio La Forestal IV (al suroriente de Quito) se vino abajo sepultando a varios vehículos que circulaban por la avenida Simón Bolívar y mató a 5 personas.

El hecho fue precedido por un evento similar, aunque sin víctimas, que había ocurrido el 30 de abril en la misma zona.

Estos eventos fueron atribuidos por las autoridades de turno a filtraciones profundas generadas por el drenaje —durante años— de sistemas de aguas servidas de los inmuebles del área, agravadas por las fuertes precipitaciones registradas en la urbe por aquellos días.

Luego del segundo de los siniestros ocurridos en La Forestal, fueron evacuadas 133 familias, cuyas casas se encontraban al filo o cerca del borde del talud desprendido, debido al riesgo que corrían tanto la vida de sus integrantes como sus pertenencias.

En primer término, esas personas fueron albergadas en la casa comunal de la ciudadela Tarqui, del sector La Mena 2 (suroccidente); luego se les proporcionó recursos del fondo de emergencia municipal para que pudieran alquilar viviendas de manera temporal. Posteriormente fueron reubicados en el conjunto habitacional de 380 casas construido por el gobierno local en la misma zona de La Mena.

Las viviendas tuvieron un costo de $ 14.000 ($ 9.200 del bono de emergencia del Gobierno,  $ 1.200 de un bono de emergencia municipal, más el costo del terreno con todas las obras de infraestructura).

Los trabajos de estabilización del talud afectado requirieron una inversión de $ 15,2 millones y su ejecución tardó de mayo de 2011 a fines de julio de 2012.

Hechos como los relatados reflejan la vulnerabilidad de la ciudad ante aludes y deslizamientos. De hecho, los habitantes del sector La Forestal recordaban, tras la tragedia, que la fragilidad del suelo en esa zona no era un hecho nuevo.

Liliana Bustillos, hoy de 22 años y quien nació en aquel sector quiteño, relataba a la Agencia de Noticias Municipal que al principio, la zona tenía pocos habitantes y que se fue poblando poco a poco. La muchacha contó: “Mi primer susto fue en 2001, cuando se derrumbó un talud en la Simón Bolívar”. Liliana agregó que en ese entonces murió un joven, que se habló de su relocalización, pero que el proceso nunca se completó.

La vulnerabilidad de Quito ante movimientos de masa es atribuida, básicamente, a 2 factores: la ubicación natural de la capital en una zona de pie de montaña, a lo que se suma el crecimiento explosivo experimentado por la urbe entre las décadas de 1960 y 1990, y la falta de control para evitar la edificación en zonas peligrosas ubicadas en laderas y cerca de los más de 30 ríos y quebradas importantes que atraviesan la ciudad.

Que la presencia de gran cantidad de cauces naturales, la mayoría de ellos taponados en la actualidad, es un factor de riesgo lo demuestran 2 hechos que permanecen en la memoria de los quiteños de más de 50 años: los aluviones ocurridos en el sector de La Gasca en 1975 debido al desbordamiento de la quebrada El Tejar y el de la quebrada Rumihurco, que afectó a la zona de El Condado en 1983.

Entre 1900 y 1988, el gobierno local contabilizó 70 aluviones, 114 derrumbes y 36 hundimientos en la ciudad; la mayoría de ellos ocurridos en la zona centro debido a que, en gran parte de dicho período, la urbe estaba constituida básicamente por el casco colonial.

En la actualidad, el Cabildo tiene identificados 90 sectores capitalinos con riesgo alto y medio de sufrir deslaves; la mayoría sigue siendo del centro (34).

A esta predisposición a movimientos de materiales se ha sumado, en los últimos años, la variabilidad climática como un factor de riesgo de que ocurran aludes y aluviones. Esto, porque el cambio de patrones climáticos que experimenta la ciudad ha transformado tanto la presencia de las lluvias a lo largo del año como su intensidad, de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Por ello, en la ciudad, actualmente se ha vuelto un rasgo común la presencia de largos períodos secos, seguidos de otros con precipitaciones más fuertes que a las que los vecinos de la capital de la República estaban acostumbrados.

A fines de abril de este año, por ejemplo, el Inamhi había registrado en 20 días, 7 tormentas con una duración cercana a las 4 horas. “En un día puede llover lo que antes se esperaba que lloviera en una semana o parte de un mes”, decía entonces Carlos Naranjo, director del organismo de medición del clima.

La mayor intensidad actual de las precipitaciones se complementa con el hecho de que el crecimiento urbano redujo en las últimas décadas las concentraciones boscosas naturales que poseía la ciudad en sus alrededores; esto, por un lado, aumenta los riesgos de deslaves debido al debilitamiento y erosión del suelo. Y por otra parte, la reducción de áreas naturales contribuye como un elemento de modificación del clima de la ciudad.

Esta tendencia ha intentado ser revertida, en parte, a través de la creación de espacios públicos, entre ellos parques. Entre 2009 y 2014, estos lugares se multiplicaron por 6. (I)