¿Por qué se dan los pedidos de revocatoria al alcalde Mauricio Rodas?
Son una expresión del descontento de la ciudadanía frente a una gestión que claramente ha dejado mucho que desear. La ciudad no está bien gestionada, está sucia, desorganizada, el Municipio está pasando de crisis en crisis sin que los problemas de los quiteños se resuelvan.

Frente a la negativa del Alcalde al pedido de 12 concejales para que “dé un paso al costado”, ¿qué van a hacer?
Esto se trata de un pedido legítimo de la mayoría de miembros del Concejo Metropolitano. Con esta nueva mayoría podremos llevar adelante decisiones que puedan ayudar a que la ciudad salga de esta crisis, entendiendo que la responsabilidad de la gestión de las empresas y la gestión administrativa de la ciudad le corresponde al Alcalde. El Concejo Metropolitano a través de la fiscalización y de la toma de decisiones para mejorar estos procesos puede colaborar.

¿El jueves, en la sesión del Concejo Metropolitano, se dio una muestra de aquello?
Sí. El Alcalde y su grupo de concejales aliados estaban opuestos a la suspensión del proceso de regularización de taxis, pese a las presuntas irregularidades. Sin embargo, esta propuesta de los 12 ediles fue acogida por todo el ayuntamiento. Esto es una muestra de que el Concejo Metropolitano, cuando lo considere necesario y en el marco de nuestras competencias, que son la legislación y la fiscalización, puede tomar acciones.  

¿Esta mayoría se volverá a reunir para buscar la revocatoria del burgomaestre?
No. Los pedidos de revocatoria son ciudadanos y estos deben seguir un proceso.

¿Van a insistir que el Alcalde dé un paso al costado?
Por supuesto. Consideramos que lo responsable por parte de él es dar un paso al costado, es un pedido legítimo de la mayoría de miembros del Concejo que le piden que sea responsable con la ciudad.

¿Cuál será el siguiente paso del Concejo Metropolitano?
Tenemos una agenda de legislación y fiscalización que la retomaremos empezando por la fiscalización a las empresas públicas metropolitanas. También hay decisiones legislativas pendientes, como la implementación de un sistema de gestión de anticorrupción. (I)