Diez días después de que la Alcaldía de Quito anunciara la adjudicación de la Fase II del Metro al consorcio Acciona-Odebrecht, surgen voces que exigen que se transparenten las condiciones en las que se negoció con el grupo empresarial.

El concejal Eduardo del Pozo (Creo) dice, por ejemplo, que si no se garantiza que no van a existir contratos complementarios para la obra, en el futuro, habrá un alto riesgo de que esta se paralice. “De haber contratos complementarios, no hay financiamiento”, asegura el edil. El representante de Creo recuerda que “tras la adjudicación, dejan de estar en vigencia las cláusulas de confidencialidad”. La Alcaldía las ha esgrimido cada vez que alguien ha pedido información sobre alguna parte del proceso.

El exalcalde Augusto Barrera coincide en que se debe transparentar la negociación, la cual tenía como objetivo lograr una reducción de los costos de la construcción.

Sostiene que la terminación de la confidencialidad debería permitir conocer detalles como quién se encargó de las negociaciones y qué estrategia se utilizó.

Esto porque, según el exburgomaestre, la anunciada reducción de $ 50 millones en el precio de la oferta de construcción quedaría anulada en la práctica con otras decisiones que se habrían tomado.

Barrera dijo conocer que las obras de energización y el sistema de recaudo habrían quedado fuera del contrato. Y que ante ello cabe preguntarse “¿quién va a financiar? y ¿cuándo se construirán esos elementos indispensables del sistema de transporte?”.

El exalcalde también se pregunta por qué la reducción del precio no incidió en una rebaja de los costos indirectos, los que hacen relación a las ganancias del consorcio, los costos administrativos y el manejo de los riesgos del proyecto.

La pasada administración capitalina había fijado en el 20% el margen de costos indirectos en el presupuesto referencial del Metro.

En el contrato negociado con Acciona-Odebrecht y que se firmaría hasta fines de diciembre, sin embargo, este rubro llegaría al 38%, según los datos a los que habría tenido acceso Barrera.

De ser así, el valor de entre $ 190 millones y $ 200 millones que barajaba la alcaldía anterior como costos indirectos prácticamente se duplicaría en el presupuesto final del tren subterráneo.

Dicha diferencia explicaría, en gran medida, la necesidad de financiamiento extra para el proyecto que el Municipio asumirá a través de créditos con multilaterales.

Esto porque la oferta del consorcio adjudicado era, en inicio, $ 490 millones más caro que el presupuesto referencial planteado para la obra y los costos indirectos aceptados por la actual Alcaldía bordearían los $ 400 millones. (I)