La gerente general del Banco del Estado (BdE), Verónica Gallardo, aclaró que los $ 13 millones asignados como crédito no reembolsable al Municipio de Quito para la compra de los 40 buses articulados que empezaron a operar el 5 de marzo se encuentran retenidos. Gallardo negó así las declaraciones de Santiago Zeas, asesor del alcalde Mauricio Rodas, quien dijo a diario La Hora que el BdE "de forma ilegal y arbitraria (había dispuesto) la terminación" del convenio entre ambas instituciones por el que se autorizaba a la utilización de los recursos.

La funcionaria negó también la versión del concejal de la alianza SUMA-VIVE, Antonio Ricaurte, (afín a Rodas), quien en declaraciones a diario El Comercio aseveró: "(...) nos congelaron el crédito porque no pusimos la publicidad del Gobierno en los buses (...)".

Según la gerente, se decidió retener el dinero el 26 de marzo luego de pedir en varias ocasiones a la Alcaldía de Quito aclaraciones respecto al uso del dinero asignado y a los incumplimientos en que habría incurrido el Cabildo respecto al convenio firmado el 27 de octubre pasado.

El último pedido de ese tipo se produjo el 13 de marzo último mediante oficio a Rodas y en el que se establecía un plazo de 7 días para que la Municipalidad satisfaciera las inquietudes del ente estatal.

Según Gallardo, el incumplimiento respecto a los formatos de la publicidad colocada en las unidades de transporte para dar a conocer el origen de los fondos para su adquisición es solo uno de ellos. En este caso, La leyenda colocada por el gobierno local capitalino correspondería a los casos en que los recursos tienen la condición de reembolsables, lo que no corresponde a la actual situación.

También le preocupa al BdE que habiéndose firmado el convenio que habilitaba la utilización de los recursos el 27 de octubre, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) hubiera firmado el contrato de compra en agosto.

La titular de la entidad de crédito estatal mencionó, además, que hay inquietudes respecto al uso del esquema de emergencia para la compra de las unidades. Esto porque el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) objetó en julio del año pasado las justificaciones de la declaratoria para el sistema municipal de transporte y recomendó que el ejecutivo local utilizara un procedimiento normal de licitación para adquirir los buses.

Adicionalmente, Gallardo señala que no ha habido la debida interrelación con ellos por parte de la Municipalidad.

La gerente aclaró que la situación es reversible siempre y cuando el Cabildo explique estos problemas. En cuanto al tiempo que se mantendrían retenidos los recursos y se procedería a la eventual declaratoria del crédito como reembolsable, la funcionaria aclaró que el convenio tiene una duración de 240 días, los cuales vencen a fines de junio.

Finalmente, el Banco del Estado negó que el procedimiento tenga tintes políticos y señaló que se trata de un caso concreto. Como ejemplo de ello, el organismo citó que  este año se han aprobado alrededor de $ 16 millones para el Cabildo quiteño para la construcción de las obras viales de la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Río Coca y que actualmente se analizan créditos por $ 11 millones para agua potable y saneamiento.

Entre tanto, la Contraloría anunció al BdE, el 20 de marzo, que la Dirección de Auditoría de Desarrollo Regional y Seguridad Social iniciará "un examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución y entrega-recepción de la adquisición" de unidades articuladas. (I)