"Se mantiene la tarifa. Aún no se reforma fideicomiso”, anuncia una pantalla en la estación de peaje ubicada en el kilómetro 8 de la vía Alóag-Santo Domingo.

Varios usuarios, sobre todo transportistas pesados, están molestos por el “caso omiso” al acuerdo al que llegaron los prefectos de Pichincha y Santo Domingo, el pasado martes 25 de abril, en el que se acordó retomar el valor de $ 1, por eje, en cada peaje.

La medida debió entrar en vigencia a partir del martes 2 de mayo; sin embargo, la Prefectura de Pichincha anunció que la nueva tarifa entrará en vigencia una vez que sea aprobada por el pleno del Consejo Provincial en dos debates. También se deberá reformar el fideicomiso entre Pichincha y la empresa Hidalgo e Hidalgo, con el que se pretendía cubrir los valores establecidos en el contrato firmado en 2007, que comprende la ampliación de 4 carriles de la carretera, además del mantenimiento de vía por 15 años. Las Prefecturas también acordaron crear un nuevo fideicomiso para administrar los ingresos de los peajes; hasta el momento, no se ha concretado.

Los transportistas pesados aseguran ser los principales perjudicados por los cobros excesivos. Por ello, durante la tarde, noche del lunes y martes pasados, bloquearon las estaciones de peaje ubicadas en los kilómetros 8 y 88 de la vía Alóag-Santo Domingo; además, cerraron temporalmente la terminal terrestre de Santo Domingo. Con la medida, esperaban ser escuchados y, sobre todo, “hacer respetar el acuerdo al que ya se llegó”, según explica Hernán Torres, transportista.

“Soy comerciante de productos agropecuarios y por mis actividades debo movilizarme constantemente de Santo Domingo a Ambato”, dice el Ing. Tito Merchán, quien explica que pagar el doble en el peaje afecta sus ganancias.
“Son $ 12 que pago solo en un peaje, un viaje completo me cuesta $ 36. Si esto sigue así voy a tener que subir un poco los precios de mis productos”, asegura.

Por su parte, 12 miembros de la Policía Nacional realizaron hoy un control en la estación de peaje en Alóag, para evitar el congestionamiento e impedir, de ser necesario, que los transportistas cierren la vía.

“Hay personas que se rehúsan a pagar el valor establecido. En ese caso, los recaudadores tratan de explicar la situación y hacer que el conductor circule. De no ser así, nuestra labor es solicitar los documentos al conductor del vehículo y extenderle la citación respectiva, ya que obstaculizar la vía es considerado una contravención de tránsito”, explicó el suboficial Héctor Miño. Afortunadamente no se han registrado más manifestaciones ni cierres. (I)