Cinco moradores de los barrios del noroccidente de Quito serán recibidos este jueves en Comisión General por el Concejo Metropolitano.

El grupo busca que el legislativo capitalino conozca las razones de su oposición al proyecto de transporte en teleféricos (Quitocables), que impulsa el alcalde Mauricio Rodas.

“Mostraremos las mentiras que ha dicho la Alcaldía sobre el proyecto, cómo nos afecta, las alternativas que existen y por qué se trata de una obra cuyo contrato es ilegal”, dice Patricio Molina, dirigente de San José del Condado.

En el primer caso, Molina se refiere a los argumentos usados por Rodas para respaldar el proyecto.

Los vecinos de San José y otras zonas del noroccidente contraponen las afirmaciones del alcalde con datos extraídos de estudios e informes  sobre los Quitocables.

Frente a la afirmación de que la línea 1, que conectará los sectores La Roldós y La Ofelia, beneficiará a 200.000 personas, los opositores muestran la lámina 6 de un estudio de la Politécnica Nacional entregado en julio de 2016.

El documento señala que los beneficiarios directos serán 15.989 y los indirectos 32.100. Es decir, 48.089 habitantes en total.
Ante la aseveración de que el sistema de transporte es necesario porque cubrir la ruta de la Línea Norte tomaría actualmente una hora y media, la ciudadanía lo niega.

Se apoyan en un análisis de la Consultora Arias-Villagómez de diciembre de 2015, que establece en su página 47 que un desplazamiento de ese tipo toma 37 minutos en promedio en las horas más conflictivas del día.

Por otra parte, los opositores rechazan las expropiaciones que serán necesarias para ejecutar la obra y que en San José del Condado alcanzan los 16 predios.

El alcalde argumenta que otras obras de la ciudad han significado más expropiaciones. Ayer, en su programa radial, señaló que para la extensión de la av. Simón Bolívar llegan a 300 y para la construcción de la Ruta Viva fueron como 200.

Protesta afuera del Cabildo

Entre tanto, dirigentes barriales y de las parroquias rurales realizarán hoy un plantón frente al Municipio. Reclaman la reforma del reglamento de la Ordenanza 102 sobre participación ciudadana. Aseguran que la norma perjudica el desarrollo de sus sectores. (I)