El Concejo Metropolitano de Quito decidirá hasta el 30 de junio, en dos debates, si aprueba o no el proyecto de ordenanza que establece nuevas tarifas tanto de transporte convencional como del sistema municipal.

La propuesta fue analizada y aprobada, con modificaciones, este miércoles por la Comisión de Movilidad del legislativo local.

La normativa desestima la continuación del pago de compensaciones de $ 400 a $ 1.000 mensuales a los conductores a cambio de la congelación de los pasajes.

La Alcaldía usa este método desde 2015 y en su aplicación se invierten unos $ 20 millones anuales.

El convenio entre el Cabildo y el gremio fue firmado en enero de ese año y concluirá el próximo viernes (30 de junio), por lo que hay 9 días para el debate de la ordenanza.

Los integrantes de la comisión prevén que el alcalde Mauricio Rodas convoque para este viernes a una sesión extraordinaria para tratar el tema en primera instancia.

La propuesta establece para el transporte convencional una tarifa general de $ 0,30, mientras que el pasaje para las personas con discapacidad se mantiene en $ 0,10, menores de edad y personas de la tercera edad pagarán $ 0,15.

En el caso de los corredores del sistema municipal de movilidad la tarifa básica también será $ 0,30. No obstante, el viaje en los servicios exprés y en horario nocturno costará $ 0,60.

La ordenanza incluye modificaciones en las tarifas que se pagan por el transporte entre Quito y las parroquias rurales, cuyos costos se establecerán basados en la distancia del desplazamiento.

El documento establece, también, que los costos operativos del transporte serán revisados cada dos años. El resultado de este análisis determinará la posibilidad o no de futuros incrementos.

El concejal independiente Sergio Garnica pidió que se adecue la redacción de este punto para que se clarifique que la normativa no determina un aumento obligatorio de las tarifas de transporte en la ciudad cada bienio.

Un punto que generó mucho debate en la comisión fue la determinación de los índices de calidad del servicio que se exigirá cumplir a las operadoras para justificar el aumento de los pasajes.

La edil independiente Daniela Chacón hizo hincapié en este tema y rechazó lo que establece la propuesta original de ordenanza sobre el tema, por considerar que su redacción es muy genérica.

Chacón incluso presentó un documento con propuestas de indicadores, formas de control, evaluación de cumplimiento, incentivos y sanciones.

El planteamiento establece 9 parámetros de medición de la calidad del servicio: seguridad de pasajeros y personal, aglomeración, confiabilidad, información, ambiente y estado mecánico del bus, limpieza, pericia del conductor, comportamiento del personal y, finalmente, denuncias ciudadanas.

Se decidió que estos indicadores no sean incluidos en el informe que analizará el Concejo en primer debate por la necesidad de procesarlos y la premura para la aprobación de la ordenanza.

La propuesta y las que hagan los concejales en la sesión de conocimiento del proyecto se incluirán, sin embargo, en el documento para segundo debate. (I)