Animalistas esperan más de 6 años por fallo sobre corridas de toros
Este martes 15 de mayo se cumple una semana de la audiencia realizada en la Corte Constitucional (CC) sobre la posibilidad de que se prohíban las corridas de toros en la capital.
Durante la diligencia del martes pasado, la CC estableció un plazo de 72 horas para estudiar los argumentos de quienes piden la abolición total de los espectáculos taurinos en Quito, así como del Municipio, la parte demandada.
La causa espera resolución desde el 18 de noviembre de 2011, cuando la demanda de inconstitucionalidad fue presentada por Felipe Ogaz y Valentina León, a nombre del Colectivo Diabluma.
Los activistas por los derechos de los animales reclaman que la reforma de la Ordenanza 127, ejecutada por el anterior Concejo Metropolitano el 15 de septiembre de 2011, contraviene el resultado de la Consulta Popular realizada aquel mismo año.
La interrogante planteada decía: “¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?”.
La opción “Sí” obtuvo el 50,8% de los votos en Quito. Y ante ello, la pasada legislatura capitalina reformó la normativa anulando el tercio de la muerte de los toros en el ruedo, pero permitiendo que este tipo de eventos continúen realizándose.
Por ello han seguido efectuándose corridas, especialmente durante diciembre, en la Plaza Belmonte, ubicada en el sector de San Blas.
No obstante, la Feria Jesús del Gran Poder (sin el tercio de muerte) se realizó por última vez durante las Fiestas de Quito 2011, pues la edición 2012 se canceló debido al poco interés generado entre el público tras la mutilación del espectáculo.
Los integrantes de Diabluma y otras organizaciones como Protección Animal Ecuador (PAE) consideran que la reforma del Concejo no guarda relación con el espíritu del texto de la pregunta hecha en el referéndum.
La demanda fue interpuesta originalmente contra el exalcalde Augusto Barrera, como titular de la Alcaldía capitalina de aquel entonces.
Pero la actual administración municipal actúa ahora como demandada. (I)