El Metro de Quito y la Ruta Viva se suman a las obras que forman parte de la mayor trama de corrupción ejecutada en varios países por la constructora brasileña Odebrecht, que ha vinculado a individuos y entidades del sector público y privado.

Ahora resulta que $ 7 millones han sido pagados como sobornos para la adjudicación de estos dos importantes proyectos en Quito. Así lo revelan unos 13 mil archivos a los que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJI, por sus siglas en inglés), entre ellos, dos medios del país.

Los documentos revelan que la adjudicación y ejecución de esas obras emblemáticas recibieron millonarios sobornos. Pero no señala qué personas o funcionarios corruptos se beneficiaron con ese dinero que, al final, se pagará con fondos del erario público local, o sea, con recursos que se recaban de los contribuyentes capitalinos.

Esa interrogante (beneficiarios de coimas) le corresponderá investigar y determinar a la Fiscalía General.

Si se suman estos últimos $ 7 millones a los otros casos de coimas en Ecuador, significa que la cifra que se movió de esa forma para la adjudicación de obras a Odebrecht en el territorio, alcanza los $ 51 millones.

Ese monto de los sobornos, sin embargo, difiere de la citada por Odebrecht ante la justicia ecuatoriana dentro de la cooperación eficaz, lo que implicaría que el acuerdo para conseguir una pena menor estaría en riesgo porque alguien mintió u ocultó información, según dijeron concejales de Quito consultados.

Los archivos filtrados identifican un pago de coimas de $ 5 millones por el Metro de Quito y más de $ 2 millones por la Ruta Viva, dinero que bien pudo servir para realizar importantes obras o adquisiciones que requería la ciudad en la época contratada y su ejecución (analogía).

Con esos $ 7 millones, por ejemplo, se pudo fortalecer la flota de recolectores de basura de la Empresa Pública de Aseo (EMASEO). En 2015, Quito adquirió 14 recolectores de carga lateral a la empresa AUTEC, a $ 380 mil cada uno, lo que significaría haber comprado 18 camiones más para solventar el gran problema de la recolección de basura en la urbe.

En el tema del transporte público, si se toma en cuenta que la adquisición de 40 articulados a la empresa Autolider costó $ 323 mil cada unidad en 2014, con el valor del soborno pagado por el Metro y la Ruta Viva se pudieron comprar 21 buses adicionales y solventar en algo el problema de saturación de pasajeros y la falta de unidades por daños.  

El mismo monto de la coima comparando, en cambio, con el valor pagado por los 80 biarticulados adquiridos en 2017 a la empresa Volvo-Super Polo, en $ 414 mil cada unidad, significaría haber podido comprar 16 carros más. Vale destacar que los dos últimos procesos los impulsó la Secretaría de Movilidad.

En materia de mantenimiento vial, en 2016 la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), bajo la administración de Mauricio Rodas, invirtió $ 4,3 millones para atender 6.798 vías de las más de 11 mil que tiene Quito.

Aquello significaría que con el monto de las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios capitalinos aún por determinar, las calles habrían estado en mejores condiciones y no como ahora, llenas de baches y pavimento obsoleto.

El Metro de Quito es, hasta la fecha, la obra más grande y costosa de la ciudad y el país. Su contrato se firmó en noviembre de 2015, en la administración de Rodas, en la suma de $ 2.009 millones, lo que significaron $ 514.000 más del valor referencial presentado por el consorcio ganador Acciona – Odebrecht en ese momento.

La fase de estudios se firmó en la alcaldía de Augusto Barrera en 2013 y alcanzaba los $ 1.492 millones. Así mismo, el contrato para la construcción de la Ruta Viva lo firmó el entonces gerente de Movilidad y Obras Públicas del Quito, Germánico Pinto, en la administración de Barrera.

El tema salta del archivo a las nuevas revelaciones y a una eventual reapertura del caso

El contrato del Metro de Quito fue analizado como parte del escándalo que envolvió a cinco megaproyectos ejecutados por Odebrecht en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo y pese a realizarse varios allanamientos judiciales dentro del caso, no se hallaron indicios de delito o irregularidades en cuanto a este contrato, por ello la indagación previa se archivó.

En 2015 la Contraloría General efectuó un examen a la obra del Metro y el informe final recomendó sanciones administrativas y civiles. Se establecieron tres glosas por cerca de $ 80 millones.

Se evidenció que los cambios en los diseños originales tuvieron como consecuencia un incremento en el costo de la obra y que en el proceso de ejecución de la misma se incluyeron ítems que no constaban en el contrato inicial.

Hoy, gracias a las nuevas filtraciones internacionales de la trama de corrupción de Odebrecht, se sabe que en los contratos para el Metro de Quito y la Ruta Viva se registraron millonarios sobornos.  

Para el exconcejal Carlos Páez, esta nueva filtración de archivos exige de la Fiscalía General una verdadera investigación. Recordó que al conocerse de los actos corruptos ejecutados por la compañía brasileña en la región, se solicitó una investigación que meses después fue archivada.

“Como concejales, insistentemente señalamos sobre los riesgos de contratar con Odebrecht, porque aunque no teníamos pruebas y no había sido condenada, era evidente que las prácticas corruptas y corruptoras de esta empresa podían ‘enlodar’ el Metro.

Por eso, antes de que se firme el contrato con el consorcio ganador por parte del alcalde Rodas, en varias ocasiones llamamos la atención del riesgo de vincularse con esa compañía una vez que se conocían los escándalos desatados en Brasil y a nivel regional”,  expresó.    

Resaltó que la administración de Rodas pudo negociar el valor propuesto en la oferta y mejorar el costo del proyecto, “¡pero no lo hizo!”.

Criterio similar tiene la exconcejal Daniela Chacón, quien además cree que una vez que la filtración ha demostrado que las obras ejecutadas por Odebrecht en Quito fueron parte de la trama de sobornos, la Fiscalía debe iniciar una investigación a todas las fases del proyecto e identificar a los beneficiarios de las coimas pagadas para la adjudicación.

Sobre el tema, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, manifestó que esperará la actuación de la Fiscalía para poder intervenir. (I)