En el escenario de degradación y confusión que vive el país vecino, la clase política se encuentra deslegitimada por las revelaciones de la investigación Lava Jato que la involucran extensamente en escándalos de corrupción. Por eso, han surgido varios candidatos por fuera de los partidos tradicionales que aspiran a ser presidentes a partir de las elecciones de este año: Jair Bolsonaro, Joao Doria y el animador de televisión Luciano Huck.

En el caso del crecimiento del ex militar de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se trata de un discurso que puede tener receptividad. Hay mucha frustración en la sociedad por la inseguridad que existe en varias ciudades. Además, el estado de Roraima y su capital, Boa Vista, enfrentan un problema en la capacidad de respuesta de sus servicios públicos frente a la migración que proviene de Venezuela. Estos dos aspectos generan condiciones para un discurso de extrema derecha como el de Bolsonaro.

Su discurso restituye antiguos valores y se afirma contra la agenda feminista, contra la izquierda, y a favor de la participación de los militares en el orden interno, como ha sucedido con la intervención militar de Río de Janeiro. A esta injerencia cada vez mayor obtenida por los militares en el orden interno se suman las declaraciones antidemocráticas del general retirado Villas Boas, que apuntaban a presionar al Supremo Tribunal Federal para que rechace el Habeas Corpus presentado por la defensa de Lula.

El discurso contra Lula y las acusaciones de corrupción han calado en la sociedad, porque ya no tiene la misma popularidad de antes. Sin embargo, su intención de voto se mantiene alta a pesar de las dificultades y las acusaciones porque a) es un líder popular que ha realizado cambios significativos en la sociedad para los de más abajo, como el Plan Bolsa Familia b) algunos sectores de la sociedad perciben que el juzgamiento a Lula es arbitrario y está orientado, desde los factores de poder, a excluirlo de la competencia política por ser el candidato que cuenta con mayores intenciones de voto.  

En torno a este tema y otros la sociedad se encuentra polarizada, más que antes. Es la primera elección desde 1994 donde resulta una gran incógnita cómo estará conformada aproximadamente la segunda vuelta de la elección presidencial. O que partidos presentarán los principales candidatos. Entre 1994-2014 la competencia era PSDB-PT, que disputaban la presidencia en segunda vuelta. Ahora no se sabe nada.

Lo más novedoso de este escenario es Jair Bolsonaro -segundo en las encuestas después de Lula según la medición de Datafolha en enero- y lo que éste expresa, y junto con éste una serie de grupos y comunicadores de derecha como Reinaldo Azevedo, Olavo de Carvalho. También los movimientos de derecha liberal como Vem pra Rua, Movimento Brasil Livre (MBL), que buscan desde las redes sociales construir una agenda de derecha para amplias mayorías. A su vez, el grupo Escola Sem Partido, que busca perseguir a profesores de enseñanza media y universitaria con pensamiento de izquierda. Es decir, un espectro de grupos y espacios que van de la derecha a la extrema derecha que han ganado más presencia que antes en la sociedad.

En el caso de Lula, se trata de un ex presidente, y el dirigente de mayor popularidad del país. Su encarcelamiento sería vivido como parcialidad en la acción de la justicia por parte de una proporción significativa de los brasileños. La justicia parece estar siendo aplicada en forma selectiva, considerando la lentitud con que son tratadas otras causas, y la celeridad y arbitrariedad que se quiere aplicar en este caso.

Inevitablemente en este juzgamiento operan consideraciones políticas. Hay una intención de excluir al principal candidato de la competencia electoral. Lo más grave sería que Lula, siendo el candidato más popular, no pueda competir en la elección por una aplicación selectiva de la justicia. En otros casos de involucramiento en casos de corrupción de políticos del PSDB o del PMDB, los partidos que integran la coalición de gobierno, la justicia no ha actuado con celeridad ni ha investigado lo suficiente.

De este modo, se abren distintas posibilidades. Una posibilidad es que el ex presidente fuera encarcelado, lo que sería bastante costoso para los factores de poder, por el repudio y las protestas que esto generaría. La otra posibilidad, más viable a mi modo de ver, es que Lula quede en libertad, pero no pueda competir, y el PT deba designar otro candidato presidencial. La tercera sería que fuera habilitado para competir, aunque no parece nada probable. La mayor probabilidad es la segunda opción.

Sería una opción intermedia que no expone a los poderes fácticos a la incomodidad de tener preso al mayor líder popular del país, pero al mismo tiempo lo excluye de participar en las elecciones, donde reside su mayor fuerza. Así, el PT deberá nombrar después de agosto a otro candidato, que no tendrá la misma fuerza electoral que Lula. (O)

Ariel Goldstein
Columnista