Habrá quienes sostengan que eso es ilegal ya que los impuestos (IVA o Renta) recaen sobre actividades comerciales legales y lícitas. Lo contrario significa que quien roba dinero del Estado, efectúa tráfico ilegal de personas o venda facturas falsas, deban obtener un RUC y pagar impuestos cuando todas esas actividades son un delito!

Para algunos, el exigir impuesto a la renta a quienes obtengan ingresos por actividades ilícitas, de alguna forma convierte al Estado en cómplice.

La siguiente pregunta es si resulta justo o no hacerlo. Altos funcionarios de gobierno enfrentan procesos por corrupción derivados de las tramas de Odebrecht, los Papeles de Panamá o Fifagate. La Comisión Cívica Anticorrupción habla de montos defraudados de $ 35.000 millones; ello multiplicado por la tarifa de Impuesto a la Renta de personas naturales (35%) da un valor de $ 12.250 millones, más un monto similar por intereses, se recaudaría  $ 24.500 millones.

Tanto usted como yo vivimos de nuestro trabajo, pagamos el impuesto a la renta que manda la Ley. Pero ¿que pensaría si su vecino Luis aumenta su riqueza a costa de evadir impuestos o tomando para sí recursos públicos? ¿Es eso justo? Desde un punto de vista meramente económico es premiado por la sociedad ya que los ingresos de sus actividades ilícitas no pagan impuesto. Ello a la larga solo aumenta la brecha de desigualdad.

Y si bien, dentro del proceso judicial van saliendo sentencias a los culpables, no en todos los casos deben devolver los recursos ilícitamente obtenidos; mientras que en otros casos ni siquiera se sabe o se conoce dónde están, así que difícilmente podrá el Ecuador recuperar esos recursos.

La figura para cobrar impuestos a los corruptos existe en el país y la Ley la reconoce como “incremento patrimonial injustificado”. Significa que el dinero, autos, departamentos y cualquier bien de propiedad de un ciudadano, solo puede ser adquirido con ingresos justificados, es decir, por los cuales se haya pagado impuestos. Si volvemos al caso del vecino Luis, el SRI no le va a preguntar el origen de los recursos, sino que justifique si ese patrimonio generó tributos en el país. Si no lo han hecho, como normalmente sucede, el SRI emite una liquidación y le exige el pago del Impuesto a la Renta. La duda es conocer si el SRI lo ha hecho o lo planea hacer y con ello la vía está abierta para cobrar los impuestos a los corruptos. (O)