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Ecuador, 27 de Diciembre de 2024
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El Telégrafo
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Migrantes y refugiados, el lado más débil de la cadena

La Comisión Económica para América Latina (Cepal), en su último estudio de  2017, señala que en Venezuela en 2015 la inflación fue el 180,9%, en 2016 el 254,9% y en 2017 continuó en tres dígitos; para enfrentarla el Gobierno incrementó el salario en cuatro ocasiones y el bono de alimentación en cinco oportunidades en 2016. En 2017 el salario creció en tres ocasiones, mientras que el bono se incrementó el 140,1%.

Para la oposición la crisis responde a la caída del precio del petróleo, la incapacidad de pago de la deuda externa, al sistema de tipo de cambio, al control concentrado del poder; y a la imposibilidad de importar bienes de consumo; por su parte, el Gobierno argumenta que es víctima de una guerra económica promovida por el sector privado y EE.UU., expresada en el desabastecimiento de bienes, la inflación inducida, el boicot en el suministro de los bienes de primera necesidad, el embargo comercial y el bloqueo financiero internacional.

Cualquiera sea la causa se ha producido un aumento de la inmigración venezolana de 89.000 a 900.000 personas entre 2015 y 2017, según OIM, mientras que para Acnur, hasta abril de 2018, 170.169 venezolanos solicitaron el asilo globalmente.

En la región la respuesta de los gobiernos varió desde la recepción humanitaria y la regularización temporal inicial hacia una política seguritista, que en el caso ecuatoriano se expresó en el requerimiento del pasaporte; requisito que incumple estándares dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativos a la legalidad, legitimidad y proporcionalidad.

Con este tipo de medidas se genera mayor vulnerabilidad a los migrantes que son vistos como sujetos y no como objetos de delito, facilitando el escenario para que operen mafias, dado que por el poder y los recursos que manejan ven propicios estos escenarios restrictivos para beneficiarse.

Además, en materia de refugiados, este tipo de restricciones pone en riesgo a los solicitantes cuya vida, integridad y libertad se verán amenazadas por la devolución. Una vez más el lado más débil de la cadena es el afectado. (O)

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