El 13 febrero de 2017, las hijas de la ecuatoriana Jenny Acuña, de 56 años, comerciante, oriunda de Ambato, recibieron una llamada telefónica de su madre, quien había viajado con una persona conocida a Lima y de allí se trasladó a Tailandia. Jenny informaba a sus hijas que fue detenida en el aeropuerto de Bangkok, acusada de traficar dos kilos de cocaína.

Tailandia es uno de los países del Sudeste Asiático, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional. Su legislación en materia de drogas es muy severa y establece como sanción máxima la pena de muerte y en otros casos la cadena perpetua. Este tema ha significado para Tailandia permanentes observaciones de mecanismos del sistema universal de derechos humanos como el Examen Periódico Universal (EPU) y el Comité de Derechos Humanos.

Tanto el EPU como el Comité de Derechos Humanos han exhortado a Tailandia que elimine la pena de muerte; o si la mantiene, la aplique respecto a delitos graves como el homicidio intencional, pues a criterio de estos órganos, ni la corrupción, ni el soborno, ni las drogas pertenecen a la categoría de los más graves delitos.

Según Amnistía Internacional, en su informe sobre Condenas a Muerte y Ejecuciones de 2016, Tailandia es uno de los 58 países del mundo que ha dispuesto condenas a pena de muerte. Los registros oficiales establecen 216 condenas; sin embargo, el Gobierno de Tailandia informó en julio de 2016 ante el EPU que tiene la intención de abolir la pena de muerte, pues la última ejecución tuvo lugar en 2009, por lo que en la práctica esta pena no se impone desde hace casi un decenio; más aún, Tailandia es parte de los 28 países del mundo que han indultado o conmutado la pena de muerte durante  2016.

Un caso emblemático respecto a indultos otorgados por Tailandia es el relativo a la española Yolanda Ming, quien en 1994, por pedido del entonces presidente de España, Felipe González, al rey de Tailandia, obtuvo la clemencia y perdón a la pena de cadena perpetua por el delito de tráfico de drogas, cuyas características fueron más graves que lo ocurrido con nuestra compatriota Jenny Acuña.

Ecuador fue uno de los países que durante las sesiones del EPU a Tailandia exhortó por la abolición de la pena de muerte; por lo que el caso de Jenny Acuña, más allá de su responsabilidad en el cometimiento del delito, que deberá ser resuelto en un juicio justo y con las garantías mínimas para su defensa; demanda del país una clara posición de defensa de su derecho a la vida, a condiciones dignas de privación de libertad que incluye la comunicación con su familia; y por qué no, a la intervención directa del Presidente de la República para que como en el caso de Yolanda Ming, de determinarse la pena de muerte o la cadena perpetua, se solicite clemencia y perdón en el marco de la legislación tailandesa. Solo intentarlo abriría una luz en el camino de Jenny Acuña y sus hijas. (O)