El 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, instituido por las Naciones Unidas desde 1998.

La tortura se expresa a través de dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener información o confesión, o por castigar por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o por intimidar o coaccionar, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento; siendo una práctica cuestionada por la humanidad.

El pasado 18 de junio el país conoció sobre la detención de cuatro ecuatorianos de origen kichwa en Santiago de Chile, acusados del robo y muerte de una ciudadana chilena. Sin duda, el atentar contra la vida de las personas debe ser investigado, procesando a los involucrados, sancionándolos de manera proporcional si se demuestra su culpabilidad; y, estableciendo las justas medidas de reparación para la víctima.

En redes sociales circuló un video en el cual se muestra que dos de los detenidos eran torturados por otros internos en el centro de detención con la anuencia de los responsables de la seguridad; lo cual fue confirmado por el Ministro de Justicia chileno, quien calificó dicho acto como inaceptable, manifestando que la justicia la aplican los jueces y la tortura es una práctica atroz.

Las comunidades kichwas de donde provienen los implicados han lamentado los hechos que provocaron la muerte de la víctima, pero también han manifestado su preocupación por la tortura, el atentado a la identidad y las manifestaciones de discriminación que podrían aparecer producto de estos acontecimientos.

Las autoridades de la Cancillería y la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias deberían actuar de manera activa y coordinada para garantizar un juicio justo, velar para que se sancione a los responsables de la tortura; y, abordar con sus pares estrategias para enfrentar los efectos de discriminación que podrían desencadenarse. (I)