Las Naciones Unidas desde los años 70 plantea entre sus preocupaciones la construcción de un sistema internacional justo. En 1974, a través de las Resoluciones 3201 y 3202, promulgó la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y un programa de acción para su establecimiento, cuyo espíritu son la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, para corregir las desigualdades y reparar las injusticias.

El sistema internacional de derechos humanos promueve un orden mundial pacífico y justo, donde los derechos y las libertades, de manera equilibrada, permitan la convivencia social y limiten los abusos del poder público y del mercado y sus actores; por ello, la Comisión y Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos se han pronunciado a través de las Resoluciones 2004/64, 2005/57 y el Informe sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, presentado por el Relator Especial Danilo Turk en 1992.

En 2014, más de 40 años después del pronunciamiento de NNUU, el sistema económico reflejaba aún indicadores que muestran que en las Américas el 10% de la población acapara el 71% de la riqueza; y de acuerdo con CEPAL, la pobreza y pobreza extrema la viven 175 y 75 millones de personas respectivamente; mientras tanto las élites -aquellas sin escrúpulos-, representadas por las oligarquías, la banca privada, la gran empresa nacional y algunas trasnacionales, mediante diversos mecanismos eluden impuestos, evaden y engañan al fisco, ocultan sus beneficios a través del secreto bancario y empresas ficticias ubicadas en paraísos fiscales que según el Informe del Relator Independiente, Alfred - Maurice de Zayas y Tax Justice Netword, estas prácticas podrían significar perjuicios por 32 billones de dólares, frente a los 135.000 millones de dólares para ayuda al desarrollo.

En esa perspectiva, en 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos ya manifestó la necesidad de promover las políticas fiscales y presupuestarias para combatir las desigualdades, generar ingresos para el desarrollo sostenible, reducir la pobreza, invertir en educación, salud, justicia e infraestructura.

Ecuador ha dado muestras propositivas para construir un nuevo orden económico internacional, al promover legislación que establece un sistema tributario y fiscal dirigido a evitar la elusión de impuestos, la evasión y fraude fiscal y el abierto cuestionamiento a los paraísos fiscales; perspectiva que coincide con Naciones Unidas y que llama la atención para que las empresas tomen en cuenta el enfoque de derechos humanos en el ámbito del mercado y contribuyan con la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. (O)