En estos días, tribunales de Justicia han dictado sentencias respecto de violencias contra las mujeres que nos ponen en alerta. El caso de la Manada, ocurrido en España, en el cual 5 hombres “abusan sexualmente” de una mujer, estableció la Audiencia Provincial de Navarra.

Esta asume una lógica en la que la ausencia de violencia física e intimidación contra la joven para reducir a 9 años la condena a los agresores.

Por otro lado, el Tribunal de Garantías Penales de Ambato, bajo el delito de “homicidio preterintencional” decreta
una sanción de 3 años y una multa de $ 20.000 para el responsable de la acción de agresión, con resultado de la muerte de Vanessa Landínez. Este último delito ocurrió en 2013, tiempo en el que no estaba tipificado el femicidio.

Tales sentencias evidencian actos de culpabilización a las víctimas, la subestimación de la gravedad del delito, la disminución de la intencionalidad de los agresores y un uso prejuiciado de aspectos de la vida privada de las víctimas. Estos elementos hacen que las sentencias sean cuestionadas socialmente.

En este punto se esconden otros aspectos ya denunciados, que aún no son considerados seriamente por la sociedad: la atención que requieren las mujeres, en especial cuando son víctimas de distintas formas de violencia. En este contexto, vemos cómo los Estados están omitiendo sus obligaciones de protección y de cómo distintas instituciones maltratan a las mujeres que denuncian violencia, en la cual se reproduce la perversa idea de que la víctima es la culpable y no el victimario.

Cabe preguntarse: ¿Qué efectos sociales se producen con tales sentencias, acciones y omisiones?

Es indudable que se ampara un imaginario social en el cual las mujeres están en una posición de desigualdad, sometimiento y permanente riesgo.

Ante esto, resulta indispensable una tarea de protección a las mujeres desde los Estados. Las recientes sentencias judiciales nos indican que aún hay un largo camino que transitar. Posiblemente, este sería más corto, si no dejamos que únicamente sean los colectivos, las organizaciones de la sociedad civil y las propias mujeres quienes vayan en dicho camino. (O)