San Lorenzo, cantón de Esmeraldas, ubicado en el límite con Colombia, forma parte del denominado sistema del Chocó, región biogeográfica tropical y húmeda que va desde el Darién panameño hasta el noroccidente de Perú, cuyo clima es de los más lluviosos del mundo, siendo el escenario de una gran diversidad biológica, con un endemismo aproximado al 25%; lo cual despierta el interés de las principales organizaciones conservacionistas del mundo.

En San Lorenzo habitan más de 42.500 personas, de las cuales 39% son afrodescendientes, 35% mestizas y 18% indígenas Awa, Chachis, Eperas y otras. Las actividades económicas giran alrededor de la agricultura, silvicultura, pesca, comercio y servicios; sin embargo, en los últimos 15 años hay una penetración agresiva y poco regulada de capitales nacionales y transnacionales dedicados a la explotación agroindustrial, minería, madereras y palmicultoras que generan gran impacto ambiental y reconfiguran las lógicas económicas y sociales de la región, provocando flujos migratorios desde Guayas, Manabí, El Oro y Colombia.

En esta región la ausencia del Estado se refleja en sus indicadores sociales y acceso a servicios; la tasa de analfabetismo es de 16,9%, la segunda más alta de la provincia después de Eloy Alfaro; el índice de necesidades básicas insatisfechas es de 82,7% frente a 61,3% nacional; el acceso al alcantarillado es de 40% en la zona urbana y 2% en la rural; el acceso al agua potable es de 42,1% en la zona urbana y 0,9% en la rural, siendo un escenario con limitadas alternativas de desarrollo sostenible frente a los factores económicos de reciente presencia en la región.

Frente a esta situación, en marzo de 2011, el Juez Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo concedió una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo y dispuso al Ministerio de Recursos no Renovables suspenda provisionalmente cualquier actividad minera; pidió intervención del MAE, Senagua, la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Salud, y requirió al Gobierno Municipal que dote de agua a las comunidades afectadas. La actuación ha sido poco efectiva pese a la orden judicial.

La problemática de San Lorenzo trascendió las fronteras y el sistema internacional de derechos humanos a través del Comité para Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, emitió en agosto pasado recomendaciones expresas a Ecuador, en las que manifiesta su preocupación respecto al impacto negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, inclusive la minería ilegal y tala ilegal en los territorios de pueblos indígenas y afroecuatorianos, que ocasionan daños irreparables al medio ambiente y a su tradicional forma de subsistencia.

Quizá estas recomendaciones motiven una actuación más efectiva y justa para el desarrollo sostenible de esta región, en la cual nos involucremos activamente como Estado y sociedad. (O)