En las últimas semanas ha cobrado actualidad el trámite de leyes que buscan enviar un mensaje a la ciudadanía de que la institucionalidad del Estado, en este caso representada por la Asamblea Nacional, adecua el sistema normativo para entregar herramientas que permitan una lucha más eficaz contra la corrupción y especialmente, que faciliten la recuperación de capitales producto de actividades ilícitas.

Con tal objetivo, han proliferado las propuestas de reformas a leyes ya existentes, así como iniciativas de aprobación de nuevos cuerpos normativos, de los que convienen destacar dos proyectos.

El de extinción de dominio presentado en diciembre de 2017 por el entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno; y el reciente de Recuperación de Capitales de iniciativa de la Presidenta de la Asamblea Nacional.

Una observación general que es aplicable a ambos proyectos es que cualquier propuesta legislativa en materia penal debe tener especial cuidado de no incurrir en el denominado “populismo penal” que busca privilegiar medidas de aparente “mano dura” con agravamiento de penas y disminución de garantías del debido proceso.

Precisamente para conseguir un adecuado equilibrio, se sugiere una revisión completa de la denominada dosimetría para graduar técnicamente las penas; así como un adecuado sistema de incentivos para que las personas se animen a devolver voluntariamente los dineros ilícitos, como lo propone la Ley de Recuperación.

Y, finalmente, armonizar la propuesta de extinción de dominio con el comiso que existe de antaño en nuestra legislación penal y figuras como la posible venta anticipada de activos.

Todo esto sin crear institucionalidad paralela y sin que la proliferación normativa obstruya la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. (O)