La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha generado una serie de reacciones en el ámbito doméstico y en el plano internacional. Luego del reconocimiento de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, Guaidó apeló al artículo 233 de la Constitución venezolana, lo que le permitió asumir el cargo de presidente interino hasta que se pueda celebrar un nuevo proceso electoral. Esto ha permitido imaginar un horizonte divergente en términos de manejo económico y político que el que se ha mantenido durante los dos últimos decenios en este Estado.

La maniobra política de Guaidó ha contado con el respaldo de una gran parte del pueblo venezolano, el cual se ha volcado a las calles para demostrar su compromiso con el cambio de gobierno. En el ámbito externo Guaidó cuenta con el reconocimiento de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, el régimen de Maduro mantiene el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada Bolivariana, a la vez que controla los órganos judiciales y los ingresos petroleros. Mientras que su mandato posee el reconocimiento explícito de China, Cuba y Rusia.

En los últimos días se ha podido observar una ofensiva por parte de los Estados que apoyan a Guaidó con el objetivo de presionar a Maduro a su renuncia. Por ejemplo, los bancos estadounidenses que mantienen cuentas del tesoro nacional venezolano traspasaron el control de estas a Guaidó, mientras que se han impuesto nuevas sanciones económicas a empresas petroleras que continúan bajo el control del antiguo régimen. No obstante, estas medidas podrían resultar ineficientes teniendo en cuenta el apoyo que las Fuerzas Armadas brindan a Maduro lo cual, sumado al reconocimiento internacional de grandes potencias, podría generar una disputa prolongada por el control del Estado venezolano. Por su parte, mientras los líderes se entretienen en el juego geopolítico, el pueblo sin duda termina siendo el mayor perjudicado. (O)