En el ámbito del empleo y pobreza, estas personas han visto afectada su capacidad de mantener su actividad y sus ingresos y, en consecuencia, la posibilidad de acceder a sus necesidades alimentarias, médicas y habitacionales. La reducción de jornadas laborales y los despidos han afectado a quienes trabajan formalmente como asalariados.

El marco de precarización laboral ha acentuado su fragilidad económica. Aquellos cuyo ingreso depende de actividades informales (por ejemplo, venta ambulante) están por fuera de redes de protección laboral y han experimentado desafíos particulares. Los que le han podido dar continuidad a sus oficios, pese a las medidas de aislamiento, han visto reducidos sus ingresos y no han podido protegerse cumpliendo con la cuarentena. Los que no tuvieron la posibilidad de seguir trabajando, no tienen ingresos.

En cuanto al acceso a la salud, en el contexto latinoamericano enfrentan la falta de cobertura médica (para acceder a cualquier prestación o tratamiento), el maltrato y el faltante de hormonas. Lo mismo para acceder a servicios de salud mental para dar asistencia respetuosa y no patologizante. Estos problemas se han exacerbado en los últimos meses.

A raíz de las medidas sanitarias dispuestas por los distintos Estados, se han aplazado citas médicas, se han interrumpido tratamientos hormonales y se han suspendido cirugías, con lo cual las personas transmasculinas que sí habían podido acceder a la salud, están ahora a la espera del restablecimiento de los servicios sanitarios. A todo ello se suman las condiciones socioeconómicas insuficientes para garantizar una supervivencia digna (en gran medida por los problemas desarrollados en el punto anterior), así como también para acceder a insumos de higiene personal.

En cuanto a la violencia familiar, muchas personas transmasculinas viven con familias que no respetan su identidad de género. Ellas reciben violencia de manera rutinaria, en muchos casos violencia correctiva, por parte de sus parientes. La situación de confinamiento obligatorio ha agravado las situaciones de violencia familiar, poniendo en gran riesgo sobre todo para  quienes no son económicamente autónomas y no tienen posibilidad de recibir asistencia profesional, los niños entre ellos.

Entre otras recomendaciones, los Estados deben crear programas de empleo o ayudas económicas, acceso a la salud, la provisión de hormonas y la atención sin discriminación, violencia o malos tratos. (O)

Emilio Villafuerte
Activista de DD.HH.