En el período 2007-2017, Ecuador habría estado, de acuerdo a los discursos de los gobernantes y de las autoridades responsables, avanzando en la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo que implicaba “diversificar la producción, agregar valor a los productos primarios, cambiar la matriz energética”, entre otros. Se “invirtió” para ese fin una gran cantidad de horas y recursos en encuentros internacionales, visitas, reuniones y foros.

Se formularon “agendas de la transformación productiva”, que incluían la selección de los sectores a los que apostaba el país; la petroquímica y la economía del conocimiento, que terminaron en elefantes blancos como  la refinería del Aromo y Yachay. Finalmente, más allá de la retórica, los avances fueron prácticamente nulos, salvo en el campo energético, con la construcción, inconclusa y con  numerosos reparos, de varias centrales hidroeléctricas.

La generación de fuentes de empleo y de divisas para enfrentar la situación actual de la economía ecuatoriana es hoy día más necesaria que nunca. Una opción relativamente poco explorada es la que ofrece la “economía naranja”, que comprende los procesos creativos e innovadores asociados a los múltiples subsectores de la cultura. En un mundo forzosamente globalizado, la población de los países desarrollados y amplios segmentos de los países “emergentes” tienen una creciente disponibilidad de tiempo de ocio que precisan ocupar.

Como parte de los esfuerzos destinados a llenarlo se han desarrollado actividades que crecen dinámicamente en las últimas décadas; se ocupan de la producción, promoción, distribución y acompañamiento al consumo de bienes y servicios culturales.

Otros han optado por privilegiar el segmento denominado como las “industrias culturales”. La literatura sobre estas actividades sigue creciendo y sus potencialidades son virtualmente ilimitadas. El desarrollo de estas actividades tiene una relación directa con los temas de la propiedad intelectual, así como con la protección de la diversidad de los contenidos culturales.

Por supuesto existen múltiples debates sobre las características de estas actividades, sus relaciones con los mercados y el papel que puede cumplir el Estado frente a ellas. Hay consenso en torno a la necesidad de que los gobiernos propicien marcos normativos e institucionales que promuevan y apoyen los procesos que surgen desde la sociedad civil, que impulsen estrategias para su fortalecimiento e inserción internacional. (O)