La aprobación el miércoles pasado por parte de la Cámara de Diputados brasileña -ya lo había hecho el Senado- de una modificatoria al marco regulatorio de las explotaciones de petróleo de aguas profundas constituye no solo un retroceso soberano para Brasil sino una confirmación de que, al margen de las motivaciones internas, el golpe a Dilma Rousseff también estaba inscripto en las necesidades y conveniencias de los intereses externos.

Tal como lo admitió en su momento Edward Snowden, Brasil fue uno de los países más espiados del mundo por parte de la National Security Agency (NSA). Dentro de los ámbitos de interés prioritarios norteamericanos para ser espiados figuraban tanto las actividades personales de la propia presidenta Dilma como los movimientos de la empresa Petrobras. Nada aleatorio: Dilma había formado parte del Consejo de Petrobras y, tanto en su función anterior como ministra de Minas y Energía como cuando ocupó la jefatura de gabinete, fue clave en la reorganización e implementación de determinadas inversiones públicas que posibilitaron y desarrollaron a partir de  2006 los descubrimientos del petróleo en aguas profundas conocidos como campos de Pré-Sal. Este fue uno de los momentos más decisivos para la geopolítica continental de las últimas décadas: se trata de las más importantes áreas de petróleo de aguas profundas descubiertas en el siglo XXI, lo que posiciona a Brasil como el tercer país a nivel mundial en términos de reservas. Casi de manera automática, una reacción frente al contexto: tras un buen tiempo de hibernación, la IV Flota de EE.UU. volvió a activarse.

La situación se volvería más delicada una vez que, con autonomía, Brasil aprueba en 2010 su propio marco regulatorio para la explotación de ese tipo específico de recursos. Una regulación moderada que seguía manteniendo las concesiones ya otorgadas previamente, pero que generaba otros tipos de concesiones y, respecto de los nuevos descubrimientos -el denominado régimen de “partilha”- establecía un obligatorio porcentaje del (por lo menos) 30% de explotación para Petrobras, precisamente lo que la reciente votación en Diputados vino a anular. Desde que se aprobó ese marco regulatorio, Brasil dejó de ser el modelo por seguir: Lula ya no sería más el “hombre del año” de la Revista Time y las presiones sobre el gobierno de Dilma comenzaron a ser cada vez mayores, al punto de derrocarla. Ni hablar de la propia compañía Petrobras, cuya campaña de desprestigio fue cada vez más intensa, sobre todo desde que se instalara el ‘escándalo de Lava-Jato’ y la combinación de elementos que esa investigación judicial supuso: un juez de primera instancia con varios “cursos de formación”, como consta, financiados por el Departamento de Estado de EE.UU.; unos exdirectores de la compañía “arrepentidos” -quizás a partir de esas mismas informaciones recolectadas desde el espionaje-; y unos medios de comunicación que, como en ninguna otra circunstancia, novelizaron la causa judicial de forma grotesca poniendo el énfasis siempre Lula y el Partido de los Trabajadores.

Para esto era el golpe, entre otras cosas. Para terminar con ese porcentaje operativo de la estatal Petrobras; para entregar una cuantía de recursos extraordinarios que, tal como lo consignaba la misma regulación, serían destinados a educación y salud. José Serra, el actual canciller y autor del Proyecto de Ley recientemente aprobado, ya se lo había confirmado a una ejecutiva de Chevron unos años antes, como lo reprodujo en su momento Folha de Sao Paulo: “cuando lleguemos, eso (el marco regulatorio del 2010) va a terminar”. Una avanzada a la que hay que sumar los vínculos probados entre los hermanos Koch (propietarios de una de las principales empresas privadas de EE.UU., dedicadas precisamente a la explotación de gas y petróleo) y los diversos grupos convocantes a las movilizaciones destituyentes, como el Movimiento Brasil Livre, a través de esas fundaciones y think-tanks de ocasión que se desdoblan sobre nuestro continente. Y las diferencias que sobrevinieron en el plano de la defensa: otra dimensión hacia la que se trasladaron las presiones, impidiendo que Brasil pudiera componer estructuras respectivas a la altura de los recursos en juego.

Como parte de este mismo avance predatorio deben consignarse incluso algunos cambios más recientes en la propia empresa estatal. Por ejemplo, Pedro Parente, el actual presidente de Petrobras puesto por Michel Temer, colocó hace poco como consultor senior de la estatal a un exdueño del BG Group, compañía vendida a Shell que operaba en los campos de Pré-Sal. Como lo reconoció el CEO de la holandesa Shell a la revista Forbes: la compra del BG Group se enmarca en una proyección de mayor proximidad con la “potencialidad económica de las aguas profundas brasileñas”, algo que, con ayuda de una Petrobras ahora colonizada, seguramente será más sencillo; cuestión que explica también por qué Shell dejó de invertir en 10 países para concentrarse en Brasil.

Es que la producción de petróleo tiene que quedar en manos confiables, por eso la injerencia de EE.UU. en todo este proceso; en otras latitudes son guerras, en este caso, desestabilización y alteración del estado de derecho. Siempre estuvo claro que el golpe a Dilma Rousseff, a la democracia brasileña, tenía sus intereses por detrás; no era la “responsabilidad fiscal” el argumento de fondo. Lo que sí puede llamar un poco la atención es la velocidad con la que la clase política golpista que asumió el manejo del Gobierno está comenzando a devolverle los apoyos a sus promotores y financiadores. O, dicho de otra forma, la rapidez con que los intereses extranjeros están determinando las coordenadas del interés nacional. Ahora es la enajenación de la riqueza que produce -y produciría- Petrobras, un elemento clave para la independencia económica brasileña. Y para la autonomía latinoamericana. En este sentido es que este golpe tiene la marca de los intereses geopolíticos. (O)