Comenzaré destacando el papel del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que merece nuestro respaldo, y afirmando que ojalá la destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura signifique, por primera vez en la historia, la independencia de la justicia y la garantía de que los corruptos sean castigados y obligados a devolver lo robado. Pero, en medio de esta “nueva situación política”,
a los trabajadores nos inquietan tres aspectos, sin mencionar otros que son demandas históricas.

La primera, ahora que se ha conformado una Veeduría Ciudadana –a la que he sido invitado, para observar 27 auditorías que emprenderá la Contraloría al IESS desde el 2012– los trabajadores consideramos que hay temas esenciales: la deuda del Estado con el IESS y bonos de papel; deuda de los empleadores; inversión en infraestructura hospitalaria y medicinas; estado financiero del BIESS.

Los trabajadores nos oponemos al aumento de la edad para la jubilación y el incremento del aporte mensual. La crisis del IESS deben pagar quienes la provocaron, por lo que llamo a la unidad de los 3,5 millones de afiliados para oponernos a este tipo de medidas.

La segunda es la constante inestabilidad laboral de los trabajadores en empresas públicas y privadas. Como ejemplo y en medio del diálogo social del Gobierno, el 1 de junio de 2018 fueron despedidos 50 trabajadores de FabrilFame, empresa manejada por el Issfa. El 1 de junio de 2016, otros 150 trabajadores fueron desahuciados por esta misma empresa.

Y la tercera, es la remisión tributaria del proyecto económico del Gobierno, que establece, aparte de otros beneficios, una condonación de $ 4 mil millones a grandes empresarios. Según el SRI, la deuda empresarial a 2018 supera los $ 4.700 millones, pero el Gobierno solo espera recaudar $ 700 millones. En 2015, con el mismo mecanismo, el correato condonó a la gran empresa algo más de $ 4.700 millones; de una deuda de $ 5.700 millones apenas recaudó 932 millones.
Los trabajadores rechazamos estos generosos “regalos”. ¿Por qué no se obliga a los grandes empresarios a repatriar los más de $ 30 mil millones que tienen en el exterior e invertir en el país? ¿Por qué el gobierno no exige a la banca y financieras rebajar las tasas de interés para los créditos agrícolas y a microempresarios? (O)