Las niñas latinoamericanas menores de 14 años están siendo violadas en sus espacios más cercanos y familiares, para luego ser forzadas a llevar embarazos y partos sin que a la mayoría se les ofrezca la opción de decidir sobre su presente y su futuro. Las cifras son imprecisas, incompletas y desactualizadas —primera evidencia de lo poco que preocupa esta epidemia.

Las últimas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) son de 2010 y estimaron que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año. La cifra sigue en aumento y el Fondo de Naciones Unidas para la Población dice que no hay indicios de que pare antes de 2030.

Estas niñas fueron violadas y además del trauma de ser agredidas, debieron soportar embarazos y partos de alto riesgo, depresión, estrés postraumático e intentos de suicidio, mientras su proyecto de vida se destruye.

Organismos de todo el mundo han dicho que esta tragedia se podría mitigar con políticas de educación sexual y, sobre todo, con el derecho al aborto, una decisión siempre difícil, pero que realizada de forma legal y segura le garantizaría el derecho a la salud y a la vida a miles de niñas.

La Latinoamérica conservadora responde a estas propuestas saboteando los esfuerzos por establecer programas de educación sexual y declarando la guerra a la lucha por el aborto legal, amparada en la defensa de la vida, celebrando la maternidad infantil y condenando a las madres que apoyan la decisión de sus hijas de abortar, como hizo en febrero el diario argentino La Nación.

Nuestros líderes han respondido a esta epidemia con prohibiciones, obstáculos e indiferencia. En Colombia la impunidad de los violadores supera el 92%. Nicaragua y Perú criminaliza a las niñas que abortan, y Guatemala las saca de la casa donde fueron abusadas para llevarlas a un hogar de protección a parir.

Las niñas en Ecuador y Colombia, donde el aborto está despenalizado en ciertas causales, están en manos de médicos y operadores de Justicia que inventan artimañas para incumplir la ley. La semana pasada, los casos de cuatro de estas niñas, hoy mujeres jóvenes, llegaron hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Las organizaciones que acompañaron la demanda a los Estados de Nicaragua, Guatemala y Ecuador, aspiran a que la comunidad internacional comprenda que la indolencia social y estatal en América Latina viola los derechos humanos, la vida y la salud.

Es urgente alzar la voz por la integridad de las niñas. No las cuidamos cuando lo necesitaron, ¿no les debemos, como mínimo, el derecho a definir su proyecto de vida? (O)