Las elecciones del 24 de marzo marcarán un récord por los más de 80.000 candidatos inscritos y por la cantidad de organizaciones autorizadas para participar. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó a 279 organizaciones entre nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, lo que significa un incremento del 130,5%, respecto a las 121 que se admitieron a las seccionales de febrero de 2014. De ese total, 23 organizaciones son de ámbito nacional: 8 partidos políticos y 15 movimientos; en 2014 eran 7 y 5, respectivamente. Las provincias registran un aumento de organizaciones políticas aprobadas por el CNE, con excepción de Galápagos y Orellana. Esto provoca que muchas candidaturas no despierten el interés y apoyo ciudadano esperado.

Una de las razones para el incremento de postulaciones está relacionada al cambio de modelo político que vive el país, el cual busca superar el dominio mantenido por parte de una sola organización durante más de una década, y que en su lugar plantea la participación de nuevas estructuras políticas.

Es importante considerar la generación de mecanismos que permitan controlar la proliferación de movimientos políticos, pues existen unas que plantean candidaturas con la finalidad de recibir pequeños estímulos financieros, sin que ello implique un mejoramiento de la calidad de la política. Si bien el incremento de candidaturas ofrece más opciones a los votantes, lo cual beneficia la competencia electoral, hay que analizar el ámbito espacial de la política en países como el nuestro.

Una oferta demasiado amplia no necesariamente favorece la selección de un buen gobierno. En ese sentido, la gran cantidad de candidatos y propuestas, si bien le permitirá al electorado contar con información suficiente, también puede ser diversa, lo cual podría poner en riesgo una decisión de calidad.

Una excesiva oferta electoral puede conducir entonces a que el voto se fragmente de tal manera que las nuevas autoridades no gocen del respaldo ciudadano necesario para el ejercicio de sus funciones. Así el panorama, el fraccionamiento político y la ingobernabilidad institucional podrían mantenerse en los siguientes años.

Nuevamente estará en manos de la ciudadanía castigar a quienes no aportaron realmente al desarrollo del país. Será importante analizar y escoger a personas con una trayectoria limpia y cuya carrera haya estado cercana a la defensa de los intereses ciudadanos. (O)