En octubre de 2016 en Quito se realizó la III Conferencia Mundial de Vivienda y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en esta se acordó la Nueva Agenda Urbana (NAU) que desarrolló un acuerdo mundial dirigido a promover que las ciudades y los asentamientos humanos garanticen habitabilidad, inclusión, sustentabilidad, resiliencia, participación y gobernabilidad; sin embargo, varias voces de la sociedad, la academia y otros actores demandaron políticas y acciones desde la territorialidad integral, desde el encuentro complementario y necesario de lo urbano y lo rural.

Este planteamiento no es menor, si reconocemos, por una parte, que el principal medio generador de vida, el agua, así como las cuencas hidrográficas, los caudales ecológicos, los páramos, los ojos de agua o pogyos se encuentran en la zona rural. Al respecto, para Ecuador, el Inamhi afirma que existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso accesible para abastecer poblaciones o irrigar cultivos, un ejemplo de aquello es el estrecho vínculo entre el Chimborazo con el delta y caudal del río Guayas.

En Ecuador, el 82% del consumo anual del agua es para riego, el 12,5% para uso doméstico y el 5,5% para el sector industrial. La Constitución establece que el derecho al agua es fundamental y constituye un patrimonio de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Su vínculo con la seguridad alimentaria es central pues de esta relación se pueden garantizar alimentos sanos, suficientes y nutritivos. El agua, así como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza son clara expresión de la ruralidad y la importancia de sus actores en relación con las ciudades.

El INEC reporta de acuerdo con el censo de 2010 que Ecuador cuenta con una población de 14’483.499 personas, de las cuales 5’392.713 viven en el sector rural, es decir el 37,23% (49,4% mujeres). La pobreza y pobreza extrema es más alta en zonas rurales, 41,6% y 16,04% respectivamente; mientras que en la ciudad la pobreza es del 16,30% y la extrema pobreza del 4,20%. Lo mismo ocurre respecto de los servicios públicos y el acceso a derechos como la educación y salud, pese al esfuerzo del Estado ecuatoriano para enfrentar estas inequidades.

De los 175 numerales de la NAU, 16 hacen relación con implementar un enfoque territorial para el desarrollo de políticas integrales y 13 se refieren al desarrollo urbano-rural, centrado en las personas, que proteja al planeta y sea sensible con la edad y con el género y, desde nuestra perspectiva, debe incluir la diversidad étnica, social y la interculturalidad.

Un enfoque territorial integral que incluya la interacción urbano–rural, que promueva los derechos de los sujetos en sus territorios y articule los diversos niveles de gobierno, no solo habrá construido una Nueva Agenda Urbana, sino una Agenda Territorial Inclusiva, donde efectivamente nadie quede fuera. (O)