La publicidad sin control es un peligro para el poder del Estado y el bienestar de sus ciudadanos.

El Estado se reserva, para su sostenimiento, el derecho a la transmisión del aprendizaje y el conocimiento colectivo para la seguridad, salud y desarrollo. Una publicidad diseminada sin control en los medios de comunicación social, particularmente de aquella que promueve de forma expresa o sutil el consumo de drogas permitidas o prohibidas, atenta contra los ciudadanos.

El aprendizaje de prácticas humanas, como la ingesta de alimentos y bebidas, tuvo lugar por adaptación al entorno, por transmisión de saberes desde adultos a jóvenes y con los descubrimientos de la lectura. Se deconstruyó el conocimiento social y cultural disponible.

Con la irrupción de los medios de comunicación ese aprendizaje se trasladó a periódicos, radio, TV y hoy está complejizado por las relaciones virtuales. Parece inverosímil como hipótesis, pero desde su aparición la publicidad, que financia ese tráfico mediático de saberes imprecisos y conocimientos difusos, desafía el poder del Estado al quitarle protagonismo en la formación masiva de sus ciudadanos, así como en la percepción de seguridad, bienestar y desarrollo.

La publicidad es un instrumento de los poderes fácticos, que reordena los tableros políticos, con las recetas de Nicolás Maquiavelo.

Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) sobre publicidad expresan el afán del gobierno por recuperar su capacidad regulatoria, pero no su fuerza transformadora.

El artículo 94 subraya la necesidad de que “la publicidad y propaganda respeten los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales”. Y “prohíbe toda forma de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. El artículo 95 establece que la publicidad de entidades públicas sea equitativa y que se rinda cuentas de los gastos realizados. El artículo 96 señala que la inversión privada en publicidad “procurará” igual distribución entre medios.

Lo que busca la reforma (a la LOC) es un mejor reparto del pastel publicitario. No existe un objetivo transformador de la publicidad y su rol en la sociedad. Solo un esfuerzo que no contenta a sus beneficiarios. Un año atrás, analistas y representantes del sector publicitario alababan el control que ejercía la LOC. Hoy, el control regulatorio del Estado, en una suerte de trágica dicotomía, les parece insuficiente o sobredimensionado. Y se rasgan las vestiduras al conocer que el órgano rector del control y vigilancia de la publicidad será el Ministerio de Salud Pública (junto a Cordicom, Contraloría General y Ministerio de Telecomunicaciones), ente sin capacidad operativa para el efecto, pero ideal. Sin duda, el remedio (MSP-Mintel-Cordicom-CGE), les resultó peor que la enfermedad (Supercom). (O)