Así como lo escucha, existen normas que promueven la inversión de capitales en el exterior y pagan menos impuestos en el Ecuador; este “cortocircuito tributario” al ser utilizado por un contribuyente se constituye en una economía de opción, es decir en un mecanismo válido y legal, al que puede optar cualquier ciudadano, sin ninguna observación posterior del SRI. El resultado es un aumento de su rentabilidad y una pérdida recaudatoria para el país.

Por ejemplo, la compañía ecuatoriana XYZ que quiere invertir en una fábrica de chocolates. Si la fábrica se ubica en el Ecuador y obtiene $ 100.000 de utilidades, pagará por Impuesto a la Renta (IR)

$ 25.000 (25%) y recibirá un cheque por dividendos de $ 75.000 (ganancia neta).

Si la misma compañía decide ubicar la inversión de la fábrica en Suiza, con el único fin de ahorrarse impuestos, por una ganancia de $ 100.000 pagará por el IR suizo $ 18.000 (18%) y recibirá un cheque por utilidades de  $ 82.000; mejorando la rentabilidad en 9%.

¿Cómo ocurre este fenómeno? Nuestra Ley de Régimen Tributario Interno prevé que toda renta obtenida en el exterior que hubiere sido “sometida a imposición” se excluirá de la base tributable del IR en Ecuador. El país ha optado por declarar “exentas” dichas rentas. Este método no solo significa una renuncia a recaudar impuestos por ingresos obtenidos en el exterior, sino que fomenta que inversiones, que podrían realizarse en el país, se localicen en el extranjero, sin pagar IR.

Algún lector habrá advertido que dicha disposición refuerza la recaudación tributaria en la clase media que percibe ingresos principalmente de su trabajo en relación de dependencia o en el libre ejercicio, que por razones prácticas no puede acogerse a dicho beneficio; favoreciendo en cambio a la clase de altos recursos económicos que puede deslocalizar inversiones financieras a otras jurisdicciones con tasas menores a la ecuatoriana. Lo que corroboraría lo que sostienen varios estudiosos de que la recaudación de impuestos se sostiene en la “clase sándwich”, ya que la clase baja no paga impuestos y la clase alta aprovecha los escudos fiscales que le provee el Estado.

Esta situación se verá acentuada con la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, para aumentar las ganancias a las nuevas inversiones, liberándolas del pago de IR, aun cuando tienen capacidad económica para hacerlo. (O)