La tauromaquia es una de las actividades más coincidentes en los países de influencia ibérica. En Ambato, Quito y otras ciudades del país, desde mediados del siglo XX empresarios y municipios organizaron corridas de toros, sin embargo, desde la primera década del siglo XXI, defensores de derechos de la niñez, así como defensores de animales cuestionaron e estas prácticas por los impactos en el desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes –NNA-; y, por el maltrato y dolor infligido a los animales.

En octubre de 2010, se obtiene una primera decisión, cuando un Juez resuelve una acción de protección y dispone la prohibición de ingreso a todo espectáculo taurino a menores de 12 años; para mayo de 2011, después de una consulta popular, 127 cantones prohibieron espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal.

En octubre de 2013, el Consejo de la Niñez y Adolescencia aprobó un reglamento que dispone que no pueden ingresar a las corridas menores de 16 años; y, en octubre de 2017, el Comité de Derechos del Niño de NN.UU. recomendó a Ecuador que la edad mínima para presenciar y participar en corridas debe ser 18 años.

El pasado 28 de marzo, la Corte Constitucional emitió la sentencia 119-18-SEP-CC, la misma que es resultado de una acción extraordinaria de protección interpuesta por el Municipio de Ambato en contra de una medida cautelar que suspendía las corridas de toros del 15 y 16 de febrero de 2015; pese a que la Corte da la razón al Municipio respecto a la revocatoria de la medida en mención; analiza el contenido de la Resolución Municipal y en virtud del interés superior del niño, acoge la recomendación del Comité de Derechos del Niño respecto a lo de la edad mínima de 18 años y declara la inconstitucionalidad de la Resolución Municipal que establecía la edad mínima de 12 años.

Este precedente constitucional sella el debate sobre la participación de NNA en eventos taurinos, lo que resulta ser un referente positivo en el ejercicio de los derechos humanos y un reto para la sociedad y el Estado, que deben reconstruir relaciones no violentas con los animales. (I)