Después de conocer los hechos de corrupción del exgobierno de Rafael Correa, los legisladores se pusieron en guardia y dispararon proyectos de ley para luchar contra ese flagelo.

Desde septiembre de 2017 se presentaron 10 iniciativas sobre este tema: 3 son de Alianza PAIS (AP); 3 de la Bancada de Integración Nacional (BIN); 2 de la Revolución Ciudadana; uno de CREO; y uno independiente. También hubo 4 propuestas para reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en relación con los delitos de corrupción: concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, cohecho y peculado.

Dos son de CREO, uno del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), y uno de AP. Este martes será el segundo debate en el plenario del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, que solamente incluye esas 10 iniciativas de los legisladores, cuyo análisis se hizo en la Comisión de Justicia.

En cambio, las reformas al COIP pasaron al tratamiento de ese cuerpo normativo. Esa mesa legislativa elaboró el informe para el primer debate en 4 meses y el 17 de enero lo llevó al plenario. La propuesta de Ley de Lucha contra la corrupción tiene 7 artículos y todos son para reformar a otras 5 normas ya existentes: Ley de la Contraloría, Sistema de Ley Orgánica de Contratación Pública, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de la Función Legislativa, y Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La comisión, que trabajó el informe para el segundo debate en 8 sesiones, rechazó la propuesta de aumentar la pena para casos de corrupción a 25 años porque no existen estadísticas que justifiquen eso, indica el informe. El proyecto señala que para  formular cargos por peculado, enriquecimiento ilícito no se necesitará un informe previo de la Contraloría.

Pero este será obligatorio para fundamentar la acusación. Además establece que ese organismo de control emitirá informes (obligatorios) para la adjudicación de procesos de contratación pública. Según la iniciativa, los funcionarios que denuncien delitos de corrupción de sus instituciones recibirán reconocimiento público y la protección necesaria.

El Consejo de Participación Ciudadana se encargará del acompañamiento a los denunciantes. Otra novedad es que los legisladores podrán solicitar información a las instituciones sin necesidad de pasar por la presidencia de la Asamblea. (O)