Hasta hoy los legisladores de CREO solo apuntaron a las bancadas contrarias para  denunciar el cobro de “diezmos” que, en realidad, son extorsiones. Todavía no han dicho nada sobre cómo está su propia casa en estos casos que le costaron la vicepresidencia a María Alejandra Vicuña. El hecho no es nuevo, pero no ha convocado la atención de las bancadas comprometidas. El legislador de la alianza CREO-SUMA por la provincia de Galápagos, Washington Paredes, tiene una denuncia en su contra, que fue presentada en junio de 2018 en la Fiscalía, por cobrar “diezmos”. El denunciante es José Revelo, exasistente del asambleísta y excompañero de departamento. Según Revelo, desde su primer día de trabajo en mayo de 2017 el parlamentario Paredes le anunció que le descontaría el 10% de su salario para pagar sus gastos de campaña. El exasistente ganaba 1.394 dólares mensuales y Paredes le quitaba 139 dólares al mes. Pero eso no era todo.  El asambleísta, además, le descontaba otros 128 dólares cada 30 día, es decir, Revelo, en 11 meses de trabajo, le dio un total de 2.937 dólares. Paredes también aplicaba la misma regla con su otra exasistente: Ana Ramón. Ella tenía un sueldo mensual de 1.200 dólares y depositaba 120 mensuales al legislador. Es decir, ella le depositó un total de 1.320 dólares durante los 11 meses que trabajó en su despacho. Revelo y Ramón, dos galapagueños pobres, fueron despedidos por el legislador Paredes. Él es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados y fue nombrado vicepresidente de la Comisión Ocasional que vigilará el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Esa fue la misma mesa legislativa que presidía la exasambleísta de Alianza PAIS (AP), Norma Vallejo, quien fue destituida por el caso “diezmos”. Paredes tiene registradas 394 ausencias en el Parlamento, 12 excusas y ha presentado dos proyectos de ley, según señala el Observatorio Legislativo. Habría que preguntar a CREO por qué Paredes sigue en su organización política. ¿Por qué no han seguido este caso? En mayo pasado, el pleno de la Asamblea salvó a este parlamentario al no levantar su inmunidad para un enjuiciamiento penal, tal como solicitó la Sala Penal, Militar y de Tránsito de la Corte de Justicia. (I)