En Ecuador, la reducción de la pobreza evidencia la profunda transformación acaecida desde 2007. Aquella disminuyó en cualquier forma que se la mida.

La pobreza por ingresos bajó de 37,6% en 2007 a 23,3% en 2015, es decir, 1,5 millones de personas lograron ingresos superiores a $ 2,79 diarios. La pobreza por consumo cayó de 38,3% en 2006 a 25,8% en 2014, es decir, 1,3 millones de personas ya no consumen menos de $ 2,81 diarios. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) -que refiere a mejoras en el acceso a servicios públicos y vivienda digna- pasó de 52% en 2006 a 28,7% en 2015.

Por otra parte, utilizando el índice de pobreza multidimensional (IPM) -que proporciona una aproximación al ejercicio de derechos- se observa que el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional bajó de 51,5% en 2009 a 35,0% en 2015, lo que significa que 1,9 millones de personas superaron este tipo de pobreza.

Pero los logros alcanzados acarrean también desafíos. La caída de precio del petróleo y la apreciación del dólar reducen la actividad económica afectando los niveles de empleo e ingresos e impactando directamente en la pobreza coyuntural. Por ejemplo, en las zonas rurales, la pobreza por ingresos aumentó 2,9 puntos en junio de 2016 porcentuales con respecto al mismo mes de 2015.

No obstante, la buena noticia es que, gracias a los efectos perdurables de la política pública, la pobreza estructural o multidimensional bajó de 37,3% en junio de 2015 a 36,1% en junio de 2016.

¿Cómo afrontar la crisis? Así como en escenarios económicos positivos la política refleja prioridades para distribuir y redistribuir beneficios, en momentos de crisis hay que ver los costos. Para evitar retrocesos en la reducción de pobreza estructural se debe sostener servicios de salud, educación, primera infancia, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. Y esto debe reflejarse en prioridades concretas del presupuesto.

Frente a las oscilaciones coyunturales del ingreso, se debe apoyar la economía popular y solidaria, un sector donde se encuentra todavía la población más vulnerable, es decir, aquella población que no está empleada en grandes empresas, que no recibe el salario de la dignidad, que no está afiliada a la seguridad social o que no tiene ahorros ni acceso a créditos. Inclusive, la mayoría de los damnificados por el terremoto del 16 de abril no realiza actividades económicas catalogadas de “empleo adecuado”.

Hoy más que nunca, esos sectores deben recibir incentivos productivos y prioridad en los procesos de compra pública.

En la economía popular y solidaria se encuentran los productores, los trabajadores y las familias que, conforme consumen en su propio territorio,  dinamizan las economías locales. (O)