El presidente llegó con banda y todo, llevando bajo el brazo la propuesta reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES,  a la Asamblea Nacional.. Ella carga tres puntos cardinales:  autonomía, admisión-nivelación y conformación del nuevo Consejo de Educación Superior. 

En los artículos 17 y 18 de la LOES se insiste con más énfasis en la necesidad de impulsar la autonomía universitaria, libertad para auto dirigirse y para diseñar modelos educativos, estatutos y normas.   

Se robustece la libertad de cátedra, los planes y programas, los órganos de gobierno de cada institución de educación superior. Libertad para nombrar sus autoridades, su personal, la adquisición de patrimonio y el presupuesto.  Las universidades públicas se someten al sistema de contratación pública. (Necesario, pero engorroso y burocrático). 

La gratuidad del tercer nivel para las universidades públicas, sin embargo, trae limitaciones; en el artículo 80 se menciona que los estudiantes que aprueben al menos 60 % de las materias o créditos de su malla curricular lo tendrán, no se cubrirán segundas y terceras matrículas siempre que se escoja una sola carrera, salvo cambio de carrera con la justificada homologación.  Se amplía la gratuidad a los residentes permanentes.   

Aderezo aquí una digresión. Un expresidente reciente, cuando estudiante universitario migró por al menos tres carreras universitarias: arquitectura, psicología y finalmente administración. (No hubiese sido sujeto de gratuidad de aplicarse esta norma). 

Un tema tabú que no es posible, al momento que vive el país, discutirlo es el de la matrícula diferenciada que antes autorizaba la Constitución del 98;  ella volvía a cada universidad pública más competitiva y evitaba la inanición y la auto extinción financiera; un 20 % del presupuesto de algunas dependía de rentas propias, con evidente protección de gratuidad plena para los grupos vulnerables, inclusive con becas completas para quienes lo necesitaban; sin embargo, en este momento ese debate podría ser inadecuado porque en banca rota el país, la economía en general de estudiantes y sus padres, colapsan. 

La admisión y nivelación se circunscriben a los méritos, a la igualdad de oportunidades y a la libertad de elección de los bachilleres en lo que quieran estudiar. No está claro cuál es el órgano rector de la política pública que elaborará las directrices y criterios, podríamos entender que es el Consejo de Educación Superior, podría ser la Senescyt; sin embargo, el propio presidente Lasso en las dos últimas campañas electorales planteó la extinción de este último organismo. Una vez en el ejercicio del poder, ha relativizado este anuncio.   Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra.

Los artículos 81 y 82 proponen medidas afirmativas y la opción para cursos preparatorios, preuniversitarios y propedéuticos (antaño algunas universidades públicas como la Escuela Politécnica Nacional,  Universidad de Cuenca, ya lo adoptaron de forma exitosa.  Los costos de los procesos de nivelación se endosan a las universidades y no al Gobierno, lo que producirá oposición y más que un resquemor.   

El documento de 15 páginas repite reiteradamente una cantaleta herencia del correato: habla de dos órganos rectores, el de la política pública y del sistema nacional de educación. 

Un punto a favor es que la propuesta insiste en la libre decisión de vocación estudiantil para su elección, sin tutelas desde arriba. Hago un paréntesis; más de la mitad de los bachilleres no saben a ciencia cierta qué carrera elegir en el pos bachillerato; esta falta de decisión vocacional se debe a varias razones: el país no tiene un college como en la mentalidad anglosajona, en donde el bachiller estudia troncos comunes previos para afinar y al filtrar procesos vocacionales más firmes.   En parte también se debe a que en la época de Correa se implantó el bachillerato unificado, lo que diluyó las opciones vocacionales de los bachilleres.  

Un leitmotiv que fatiga es la recurrente cantaleta al “órgano rector de la política pública”. 

Hay una limitación que la propuesta enfatiza; se requiere un bachillerato en artes para los conservatorios, para la Universidad de las Artes, para los institutos superiores en artes y para las escuelas de artes de las universidades que tengan esa carrera en el país.  Esta restricción también merece debate, pues es cierto, que para quienes son formados como artistas es beneficioso que desde temprana edad se enrolen en esos campos, pero esta propuesta elimina la opción que surja una vocación posterior o tardía para las artes, si el bachillerato logrado por aquel candidato no ha sido emitido en dicho campo; eso puede determinar, una rémora para aquellos que descubren talentos artísticos después de haber sido graduados en otras disciplinas que no sean las artes en el bachillerato.

Ojalá en la versión definitiva de la reforma a la LOES contemple la devolución del gobierno a las universidades y a los institutos en materia patrimonial, arquitectónica, de cultura y de arte que a lo largo de más de 45 años las Instituciones de Educación Superior, poseyeron en propiedad a través del primigenio CES, el CONUEP y el CONESUP. Bienes que fueron despojados en el periodo de Correa vía legal pero ilegítima.